Una denuncia estremecedora, testimonios coincidentes y un silencio político ensordecedor. Un diputado provincial es señalado por un presunto abuso contra un joven policía bajo su custodia, seguido —según relatan testigos— por maniobras de presión, “arreglos” familiares y el levantamiento forzado de una denuncia. El caso, ocurrido en General Lamadrid, expone una trama que combina poder, miedo e impunidad, y que hasta hoy no tuvo ninguna respuesta judicial ni institucional.
El episodio ocurrió semanas atrás en el departamento General Lamadrid y expone una trama alarmante que involucra a un diputado provincial, a un joven policía y a presuntas maniobras de presión para silenciar una denuncia por abuso.
Según el relato reconstruido por EL FEDERAL a partir de testimonios directos y fuentes reservadas, los hechos se habrían producido un sábado por la noche, cuando el legislador del departamento General Lamadrid, Luis Rojo, se trasladó al departamento Felipe Varela para asistir a un local nocturno, como lo haría de manera habitual, acompañado por su chofer, un efectivo policial que cumple funciones de custodia.
De acuerdo a los testimonios recogidos, al cierre del local —alrededor de las 6.30 de la mañana— ambos regresaron a Villa Castelli. El diputado habría llegado a su domicilio en aparente estado de ebriedad. Es allí donde, siempre según el relato coincidente de testigos, se habría producido el hecho más grave.
Fuentes consultadas por este medio indicaron que, una vez en la vivienda, el legislador habría impedido que el chofer se retirara, cerrando las puertas con llave. En ese contexto, se habrían producido forcejeos y manoseos, mientras el diputado le exigía favores sexuales al joven policía.
El efectivo, en estado de shock y crisis nerviosa, habría logrado escapar rompiendo una ventana trasera de la vivienda, para luego dirigirse a un bar cercano, donde relató lo sucedido entre llantos y con visibles signos de nerviosismo ante varias personas, entre ellas trabajadores de un medio radial local y otros testigos circunstanciales que lo contuvieron.
Horas después, el joven habría contactado telefónicamente a su padre, un excomisario retirado, quien viajó desde Chilecito hasta General Lamadrid. Al llegar, se encontró con una situación desconcertante: familiares del joven le indicaron que “ya estaba todo arreglado”, afirmando que el diputado había pasado por la vivienda y había intervenido para cerrar el conflicto.
Lejos de aceptar esa versión, el padre se reunió con los testigos del hecho, quienes ratificaron el relato del joven, y posteriormente se dirigió a la comisaría para radicar una denuncia formal por abuso.
Sin embargo, la situación dio un giro aún más inquietante. Al día siguiente, el padre fue notificado de que la denuncia había sido levantada, supuestamente por el propio joven. El problema: el efectivo ya no se encontraba en la zona, sino que había sido enviado por su familia a La Rioja capital por razones de seguridad.
Según la versión que maneja la familia, el joven habría sido interceptado y presionado para retractarse, bajo amenazas vinculadas a la pérdida de su puesto laboral y otras consecuencias. Esta versión, de extrema gravedad, expone la posible existencia de coerción y abuso de poder.
EL FEDERAL pudo confirmar que altas autoridades políticas provinciales habrían sido informadas del caso en su momento, incluyendo autoridades legislativas, sin que se haya impulsado ninguna investigación ni intervención institucional.
Incluso, según indicaron las fuentes, el legislador involucrado habría sido beneficiado posteriormente con un cargo o reconocimiento cultural, lo que profundiza las sospechas de encubrimiento y protección política.
Más allá de que los hechos deberán ser esclarecidos por la Justicia, el caso revela una alarmante combinación de abuso, vulnerabilidad, presiones y silencio institucional, en una provincia donde las denuncias contra el poder parecen chocar, una vez más, contra un muro de impunidad.
Desde EL FEDERAL, reafirmamos el compromiso de proteger a las fuentes, dar voz a los testimonios silenciados y exigir que la Justicia actúe de oficio ante hechos de esta gravedad, que no solo afectan a una víctima concreta, sino que comprometen la credibilidad del sistema democrático y del Estado de Derecho.