José Alfredo Zalazar de la Policía de La Rioja denuncia desde hace años una persecución sistemática, retención irregular de haberes, uso indebido de su identidad salarial y maniobras administrativas y disciplinarias presuntamente armadas para perjudicarlo, silenciarlo y forzarlo a aceptar situaciones que califica como ilegales. La acusación no es genérica: apunta con nombre y apellido a jefes policiales, personal operativo y funcionarios con vínculos dentro del sistema judicial.
Según consta en recibos de sueldo, notas administrativas y mensajes aportados a este medio, sueldos, aguinaldos y adicionales —incluido el presentismo— figuran como cobrados a nombre del efectivo, pero el dinero nunca ingresó a su cuenta bancaria, que no registra movimientos desde septiembre del año pasado. Entre los montos denunciados se incluyen aguinaldos de julio y diciembre, que habrían sido liquidados nuevamente en las últimas horas.
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El denunciante sostiene que esta operatoria se da mientras él se encontraba con carpeta médica psiquiátrica, situación en la cual —a diferencia de otros efectivos— le quitaron automáticamente el presentismo, adicional que hoy, según afirma, sí se sigue pagando a terceros sin que presten servicio.
En su relato aparecen nombres concretos. Señala al comisario Exequiel Llanos, quien —según denuncia— debía autorizarle una licencia ya concedida, pero se negó a hacerlo a último momento, obligándolo a presentarse pese a tener pasajes comprados. También menciona al comisario Vera, con quien afirma haber tenido diálogo directo y cuyo nombre, asegura, fue reemplazado por otra persona en actas oficiales, pese a no haber estado presente.
El efectivo también apunta contra una mujer que se presenta como referente de Derechos Humanos dentro de la Policía, de la cual afirma que no tendría nombramiento oficial ni capacitación acreditada, pero que actuaría como nexo directo con los jefes, identificando a quienes reclaman. “Me dijo información privada que solo sabía mi madre cuando presentó una nota con abogado”, sostiene, denunciando filtración de datos sensibles.
Otro capítulo gravísimo es el de las detenciones y sumarios disciplinarios. El denunciante afirma que fue detenido injustamente cuando acudió a reclamar licencias y pagos adeudados, y que luego fue sometido a seguimientos internos y declaraciones en las que figuran personas que no estuvieron presentes. Todo esto, asegura, forma parte de un hostigamiento que viene desde al menos 2017.
Ese año, relata, tras un conflicto en la Comisaría Séptima, fue sancionado con 20 días de arresto, lo que marca —según su versión— el inicio del ensañamiento. Más adelante, ya en 2019, fue trasladado a Aimogasta, y pese a presentar la nota correspondiente con el pedido formal del pago de desarraigo, amparado en la normativa vigente, jamás percibió esos montos.
La denuncia incluye además la manipulación de carpetas médicas y accidentes laborales. El efectivo aporta estudios que acreditan una hernia de disco, producto —según afirma— de tareas operativas como levantar motocicletas en controles. Sin embargo, un año después, una resolución interna determinó que el hecho fue “ocurrido independiente del servicio”, dictamen que —denuncia— no fue firmado por médicos, sino por autoridades policiales, con el objetivo de negarle derechos laborales.
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En el plano personal y judicial, el denunciante señala al ex jefe de la Comisaría Cuarta —cargo que ocupaba en 2017— por presuntamente inducir a su ex pareja a realizar una denuncia por violencia de género, con inconsistencias horarias y sin examen médico obligatorio. Afirma que al momento en que se habría producido el hecho denunciado, él se encontraba de servicio entre las 6 y las 14 horas, en un control, lo que haría imposible su presencia en el lugar.
En ese episodio menciona al móvil policial 787 de la Comisaría Cuarta, y a los efectivos cabo primero Argañaraz y subinspector Albornoz, quienes —según relata— lo acompañaron a su domicilio para constatar que los hechos no habían ocurrido como se denunciaba. Pese a ello, afirma que se retiraron pertenencias de su propiedad —aires acondicionados, computadoras, somier— que, según sostiene, su ex pareja no podía acreditar como propios.
También acusa a Fernando Esquivel, familiar de su ex pareja y trabajador de la Defensoría, de intervenir para acelerar trámites judiciales, avanzar con descuentos salariales, incluso en situaciones donde —según afirma— no se respetaron pedidos de ADN ni cuestiones filiatorias.
“Son mafiosos con uniforme”, dice el denunciante, quien asegura que no quiere seguir formando parte de una organización corrupta y que su caso representa a muchos otros efectivos que no pudieron hablar. “Muchos compañeros se quitaron la vida o aparecieron muertos, y nunca se dice la verdad”, advierte.
Hoy, con su madre enferma y su salud deteriorada, pide que su historia se conozca, que se investigue quién cobra dinero público a nombre de efectivos apartados y quién sostiene una estructura que —según denuncia— se basa en el amiguismo, el encubrimiento y el castigo al que reclama.
La documentación está presentada. Los recibos existen. Las notas ingresadas también.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién se queda con ese dinero y quién lo encubre dentro del Estado?