El ministro de Economía, Luis Caputo, generó una nueva polémica al admitir públicamente que jamás compró ropa producida en Argentina, al considerar que los precios del mercado local eran excesivos. La declaración, realizada en una entrevista radial, fue utilizada por el funcionario para justificar su ofensiva contra el sector textil, pero volvió a exponer la distancia entre las decisiones de gobierno y la realidad del consumo de la mayoría de los argentinos.
“Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, afirmó Caputo al explicar que, al igual que otros sectores con alto poder adquisitivo, aprovechaba sus viajes al exterior para adquirir indumentaria a precios más bajos. La frase fue pronunciada en el marco de un debate sobre el costo de vida, el proteccionismo industrial y el impacto de las políticas económicas en los precios internos.
En su intervención, el ministro cuestionó duramente al empresariado textil, al que describió como uno de los grandes beneficiarios de décadas de protección estatal. Con tono irónico, sostuvo que muchos dueños de marcas locales no representan precisamente a un sector en crisis: “El que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”, lanzó, relativizando el argumento de que la actividad sostiene a unas 150 mil familias.
Caputo insistió en que la defensa histórica del sector sirvió para encubrir privilegios empresariales, y no para mejorar los ingresos de los trabajadores. “No es que esas familias son millonarias; los que se beneficiaron eran los dueños”, afirmó, desligando al Gobierno de cualquier responsabilidad sobre el impacto social de una apertura económica más agresiva.
El eje central de su planteo volvió a ser el consumidor. Según el ministro, durante más de cuatro décadas se obligó a millones de argentinos a pagar ropa y calzado “dos, tres, cuatro y hasta diez veces más caro que en el resto del mundo”, en nombre de la industria nacional. Para Caputo, esa política fue una carga injustificada sobre el bolsillo popular.
Aunque reconoció que Argentina puede ser competitiva en la producción de hilados, admitió que el país tiene serias dificultades para competir en la confección frente a economías como Bangladesh o Indonesia, donde los costos laborales son significativamente más bajos. Aun así, ratificó que la prioridad del Gobierno no es sostener sectores específicos, sino “defender a los 47 millones de argentinos” y desmontar lo que calificó como “mitos” que frenaron el crecimiento económico.
Las declaraciones, lejos de cerrar el debate, reavivaron las críticas a un enfoque económico que naturaliza el consumo en el exterior desde los niveles más altos del poder, mientras impulsa reformas que impactan de lleno en el empleo industrial y en el acceso de la población a bienes básicos como la vestimenta.