La discusión por la baja de la edad de punibilidad sumó un nuevo y fuerte capítulo tras la difusión de una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. El texto fue escrito por Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, quien cuestionó con dureza el enfoque punitivo del Gobierno y advirtió que reducir la edad de imputabilidad no soluciona la violencia ni repara a las víctimas.
“Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos”, escribió el magistrado al inicio de la carta. Desde su experiencia en los tribunales, Morabito describió a adolescentes que llegan a la Justicia “cansados, rotos, sin esperanza”, atravesados por historias de violencia familiar, exclusión escolar, consumo problemático y abandono estatal.
El juez aclaró que su postura no busca justificar delitos ni minimizar el dolor de las víctimas. Por el contrario, afirmó que ese sufrimiento “merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado”. Sin embargo, marcó un punto crítico: cuando el Estado interviene por primera vez en la vida de muchos adolescentes, suele hacerlo únicamente a través del castigo y de manera tardía.
Desde el fuero penal juvenil, Morabito sostuvo que no se enfrenta a “enemigos”, sino a trayectorias de abandono acumulado. “Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo”, señaló, y cuestionó que ante ese fracaso previo la única respuesta propuesta sea el endurecimiento penal.
En uno de los pasajes más contundentes, el magistrado afirmó: “El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”. En esa línea, advirtió que bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no reduce la violencia ni construye futuro, sino que amplía un sistema penal que “ya ha demostrado su ineficacia”.
Morabito insistió en que proteger a la sociedad no implica solo sancionar, sino prevenir. “Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional”, remarcó, y defendió la necesidad de políticas que intervengan antes, con acompañamiento y presencia estatal.
Hacia el final de la carta, el juez subrayó que su mensaje surge de la experiencia cotidiana de administrar justicia en contextos de dolor, y dejó una frase que sintetizó su postura frente al debate impulsado por el Gobierno: “La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”.