[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Juzgado Federal de La Rioja imputó penalmente a una mujer acusada de utilizar a su propia hija menor de edad para ingresar estupefacientes al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una causa que se inició tras una denuncia anónima y que derivó en un amplio operativo con allanamientos simultáneos y medidas urgentes de protección para la menor.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena brindó detalles del caso, donde calificó el hecho como “lamentable” y puso el foco en la situación de vulnerabilidad de la niña. “Es lamentable para todos nosotros que una madre utilice a su hija para este tipo de conductas, sobre todo introducir droga en una unidad carcelaria”, expresó el magistrado en diálogo con El Independiente.
Según explicó, la investigación permitió determinar que la droga tenía como destino a la pareja de la mujer, un interno alojado en el penal provincial, y que el delito podría agravarse según el fin de la sustancia.
“En la investigación del delito, puede ser con fines de comercialización o un caso de suministro hacia la persona que iba dirigida, que era una pareja de ella que se encuentra detenida. Eso técnicamente agravará el destino y toda la implicancia del proceso penal”, señaló Herrera Piedrabuena.
El juez remarcó que la principal preocupación de la Justicia está centrada en la menor, por el impacto psicológico que este tipo de situaciones genera a tan temprana edad.
“La situación de la menor es la que más nos preocupa porque en tan temprana edad son hechos que quedan en la memoria. Ahora se trata de cómo hará la Justicia, y otros organismos que intervienen, para poder encaminar a esa niña en un tratamiento”, sostuvo.
En ese sentido, también hizo referencia a los contextos sociales en los que se desarrollan este tipo de delitos: “Los contextos sociales donde se desarrollan estos hechos son realmente lamentables”, afirmó.
Respecto al accionar dentro del penal, Herrera Piedrabuena explicó que los controles de ingreso son estrictos, pero que en el caso de los menores existen limitaciones propias de resguardo y pudor. “Los controles carcelarios en los ingresos son severos y a veces se tornan agraviantes. En los menores no se efectúa un control tan exhaustivo como en un adulto, y menos imaginando cómo se trasladaba la droga en el menor, en partes íntimas. Es un tema muy pudoroso”, detalló el juez.
Ante la gravedad del caso, se activaron medidas urgentes de protección, con intervención de los organismos provinciales de Niñez. “Las medidas urgentes están tomadas con Niñez de la Provincia. Hay un contexto de evaluación y de riesgo familiar que es bastante complejo”, indicó el magistrado.
En cuanto a la situación procesal de la madre, el juez confirmó que se le restringió el cuidado materno y que quedó imputada penalmente. “Se le restringió el cuidado materno a la madre. Resulta penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes, agravado por la forma en que los hace introducir al establecimiento carcelario”, afirmó Herrera Piedrabuena a El Independiente.
Allanamientos y rescate de la menor
Tal como informó oportunamente EL FEDERAL ONLINE, la Policía Federal Argentina llevó adelante tres allanamientos simultáneos: uno en un asentamiento de la zona norte de la ciudad y dos dentro del complejo penitenciario provincial. El operativo permitió rescatar a la menor que era utilizada para el ingreso de droga al penal.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre situaciones de vulneración y maltrato infantil. A partir de tareas de inteligencia criminal, seguimientos y vigilancias encubiertas, los investigadores lograron desbaratar el accionar y poner a resguardo a los niños involucrados.
La investigación es encabezada por la fiscal federal Virginia Carmona, con intervención del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, y contó con la participación de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del subcomisario Cristian Nieva, y la colaboración de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, a cargo de María Belén Carrizo.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras se evalúa el entorno familiar y se avanza en las medidas necesarias para garantizar la protección integral de la menor.