[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Gobierno nacional incluyó en la agenda legislativa el proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil, con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. Frente a esta iniciativa, la Iglesia Católica manifestó su preocupación y advirtió que la problemática de la delincuencia juvenil no puede resolverse únicamente con medidas de carácter punitivo.
En diálogo con Radio María, el obispo de La Rioja y presidente de la Pastoral Social del Episcopado Argentino, Dante Braida, sostuvo que se trata de un debate complejo que requiere una mirada integral y políticas públicas sostenidas en el tiempo. En ese sentido, remarcó que, ante hechos delictivos graves, “lo primero es solidarizarse con las víctimas y acompañar el dolor que generan estas situaciones”, aunque señaló que también es necesario asumir responsabilidades colectivas.
Durante la entrevista, Braida planteó que existen experiencias positivas donde la intervención temprana del Estado y de la comunidad permitió evitar que jóvenes en situación de vulnerabilidad ingresaran en el delito. “Hay chicos que no lo hacen porque se ha llegado antes y se los ha podido integrar”, afirmó, al destacar la importancia de políticas preventivas y de inclusión social.
Desde la mirada de la Iglesia, el camino no debe reducirse exclusivamente a la aplicación de una pena. El obispo cuestionó que la respuesta sea únicamente judicial y propuso un abordaje alternativo: “No nos parece que solamente un juicio para colocar una pena sea el camino correcto”, expresó, y planteó la necesidad de que intervengan juzgados de familia con equipos interdisciplinarios que analicen cada situación en particular.
Braida también señaló que cualquier reforma del sistema debe garantizar una asistencia social efectiva y el acompañamiento de organizaciones comunitarias. En ese marco, advirtió sobre la falta de recursos destinados a los sectores más vulnerables y sostuvo que “es difícil pensar en soluciones superadoras si se recortan fondos que están destinados a la asistencia social”.
Asimismo, puso en duda la eficacia de bajar la edad de imputabilidad a partir de experiencias internacionales, donde el ingreso temprano al sistema penal no asegura la reinserción de los adolescentes. Según explicó, en muchos casos ese tipo de medidas “termina agravando las conductas violentas y no resolviendo el problema de fondo”.
En relación con el rol de la sociedad civil, el obispo remarcó que la responsabilidad es compartida entre el Estado, las familias y las instituciones intermedias. “Todos tenemos un lugar y algo que aportar para el bien de los demás”, afirmó, y subrayó la necesidad de fortalecer la presencia territorial, con un trabajo cercano y sostenido en los barrios. En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento “cuerpo a cuerpo”, brindando afecto y contención antes de que las situaciones de vulnerabilidad deriven en hechos delictivos.
Finalmente, desde la Pastoral Social informaron que se encuentran analizando los detalles del proyecto oficial para realizar aportes en el ámbito legislativo. Braida reiteró la disposición de la Iglesia para dialogar con los legisladores y acercar propuestas basadas en la experiencia territorial. “La respuesta tiene que ser amplia, porque si hacemos algo ahora podemos anticiparnos a la realidad”, concluyó.