La implementación de fotomultas en la ciudad Capital ya genera polémica antes incluso de entrar en funcionamiento. No por la herramienta en sí, sino por la forma en que la Municipalidad de La Rioja pretende avanzar: con anuncios mediáticos, pero sin información oficial, sin detalles técnicos, sin empresa confirmada públicamente y sin transparencia sobre el monto de inversión.
La concejal libertaria Karina Martínez (LLA) advirtió que al Concejo Deliberante no ingresó absolutamente nada relacionado con el proyecto. “Nada oficial del tema”, sostuvo, dejando en evidencia una situación institucional grave: los concejales se enteraron por los medios, igual que la ciudadanía.
Según expresó Martínez, los ediles desconocen puntos esenciales como desde cuándo se implementará oficialmente, qué empresa quedará a cargo del servicio, qué porcentaje exacto se quedará el privado, cómo será el reparto de la recaudación y en qué se invertirá el dinero. Pero además, el punto más sensible que el municipio evita aclarar es cuánto costará la colocación del sistema y cuál será el monto real de inversión para instalar las cámaras.
“No sabemos oficialmente en el Concejo Deliberante cómo será el reparto de la recaudación, en qué se va a invertir ni qué empresa tendrá a su cargo el servicio”, afirmó la concejal, dejando en claro que el desconocimiento alcanza tanto a oficialistas como opositores.
En otras palabras, el municipio estaría avanzando con una medida de fuerte impacto económico y social sin pasar por el ámbito institucional que debería controlarla
Mientras el Palacio Ramírez de Velasco evita dar precisiones, trascendió públicamente que el esquema de recaudación sería de un 40% para la empresa que se quede con el sistema y un 60% para el municipio. Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: qué empresa será la beneficiada, bajo qué contrato, por cuántos años, cuánto costará cada cámara y cuánto dinero se destinará a la instalación total.
Martínez también cuestionó el uso de la figura de “emergencia” como excusa para esquivar el debate público y el tratamiento legislativo. Señaló que incluso en situaciones urgentes el Ejecutivo municipal puede convocar a sesiones extraordinarias, pero que aun así el Concejo Deliberante no fue informado de nada.
El trasfondo preocupa porque, sin licitación pública, sin detalles técnicos, sin informes, sin debate y sin documentación oficial, la medida deja de parecer una política pública y comienza a perfilarse como un negocio armado a puertas cerradas. Más aún cuando se trata de un sistema que no sólo controlará el tránsito, sino que impactará directamente en el bolsillo de los riojanos a través de multas, sanciones y recaudación.
En cualquier ciudad donde se respete la institucionalidad, un sistema de estas características se presenta con transparencia, pliegos, costos, empresa adjudicataria, informes de impacto y control legislativo. En La Rioja, en cambio, se pretende instalarlo como un hecho consumado, con información parcial y sin responder lo más básico: quién lo implementa, cuánto cuesta y quién se queda con la ganancia.
Con un inicio anunciado para marzo, hasta el momento la Municipalidad no difundió el contrato, no reveló la empresa, no explicó el mecanismo de control, no informó el mapa de cámaras ni el monto de inversión.
En síntesis, se pretende aplicar un sistema de sanciones masivas sin que la ciudadanía —ni siquiera los concejales— conozcan los detalles fundamentales. Y esa falta de transparencia, lejos de generar confianza, alimenta sospechas, malestar y un fuerte cuestionamiento al manejo de los recursos públicos.