[REDACCIÓN EL FEDERAL] En ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mar del Plata, la figura del “trapito” —personas que cobran por estacionar en la vía pública— es histórica y motivo de una polémica constante. La actividad en sí no está prohibida, pero sí el cobro compulsivo. En algunos distritos, incluso, los municipios impulsaron operativos para desalentarla.

En La Rioja, en cambio, no es una práctica habitual. O al menos no lo era en forma sistemática ni con cobros explícitos. Sin embargo, en el ingreso al Parque Acuático comenzó a repetirse una escena que llamó la atención de vecinos y visitantes.

A partir de mensajes de lectores, EL FEDERAL ONLINE decidió constatar la siguiente escena: cuando los vehículos descienden desde la ruta hacia el parque, un grupo de personas los espera en el acceso; luego, una mujer, con un cuaderno en la mano, se acerca a cada automóvil -sin excepción-, los frena y les indica dónde pueden estacionar: en la bajada, frente a las casas ubicadas más abajo o en la calle lateral del predio.

Acto seguido, informa: “Puede dejar el auto ahí, ahí o ahí, y nosotros estamos cobrando $4.000 pesos”.

En ningún momento se aclara que el pago sea voluntario ni que se trata de un espacio público donde no existe obligación de abonar. Uno de los jóvenes incluso lleva un chaleco amarillo, lo que refuerza la apariencia de una actividad oficial vinculada al parque, porque sucede a metros del ingreso, a la vista de todas las autoridades.

EL FEDERAL ONLINE ya había recibido dos mensajes de lectores advirtiendo sobre la situación. Este medio concurrió al lugar y corroboró la modalidad descripta. Ante la consulta sobre si eran empleados del parque, la respuesta fue: “Somos vecinos de acá, estamos haciendo esta changuita”. Nuevamente, no se aclaró que el pago no fuera obligatorio.

En el ingreso formal al parque, EL FEDERAL ONLINE consultó si esas personas estaban autorizadas a cobrar por el estacionamiento. La respuesta fue que no existe autorización y que el pago no es obligatorio.

Además, detrás del predio -accediendo por la calle lateral- es posible estacionar sin costo, salvo frente a una vivienda particular donde hay carteles que indican un cobro de $2.000. En ese caso, no queda claro si se trata de un vecino que cobra por permitir estacionar en a su propiedad o si existe algún tipo de apropiación informal del espacio público.

Vecinos del sector habían manifestado, en otras oportunidades, molestias por el tránsito generado tras la apertura del parque, señalando que antes de su construcción los vehículos no circulaban por esas calles y que la vida era más tranquila.

Una fuente policial indicó a este medio que algunas de las personas que cobran ni siquiera serían propietarios formales de los terrenos cercanos, sino ocupantes. No obstante, esa información no pudo ser corroborada de manera independiente.

La situación abre interrogantes sobre el control del espacio público y la responsabilidad de las autoridades para evitar cobros que, al no aclararse como voluntarios, pueden interpretarse como compulsivos. Podría tratarse, incluso, de un delito, al inducir a los automovilistas a creer que están obligados a pagar.