Por Angel Flores
Un nuevo capítulo sacude a la Policía de La Rioja y da un giro drástico en un caso que venía circulando desde hace meses en silencio y con reclamos sin respuesta. Un efectivo policial riojano declaró formalmente ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en Buenos Aires, donde ratificó una denuncia gravísima: asegura que hace 19 meses no percibe su sueldo, que le deben tres aguinaldos, cuatro meses de desarraigo y otros conceptos, y que dentro de la fuerza “hay corrupción total”.
El denunciante es Alfredo José Zalazar, agente de la Policía de La Rioja, quien sostuvo en su declaración testimonial que decidió acudir a la Justicia Federal porque, según sus palabras, en la Fiscalía provincial “cajonean las causas”. La testimonial fue tomada por videollamada el 12 de febrero de 2026 y quedó incorporada como parte de una denuncia formal.
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En el documento, Zalazar relata que trabaja en la fuerza desde hace 12 años, que se recibió en 2014, y que desde hace más de un año y medio no recibe el dinero que debería estar depositado en su cuenta bancaria, pese a que aparecen recibos de sueldo emitidos. El agente afirma que siempre cobró en su cuenta del Banco Hipotecario y que nunca cambió los datos bancarios, por lo que considera que el problema no estaría en el banco sino dentro de la estructura policial.
En su testimonio, apuntó directamente contra dos comisarios generales: Alberto Castillo y René Molina. Según sus dichos, ambos “se encargan de los sueldos” y cree que son responsables de que falte su dinero. Además, sostuvo que el caso no sería aislado y que habría otros compañeros en situaciones similares, aunque dijo no tener nombres para aportar en ese momento.
La declaración también incluye un relato que agrava el cuadro: Zalazar afirmó que en 2021 fue a Jefatura para reclamar por una supuesta permuta no autorizada, vacaciones no otorgadas y pagos de desarraigo adeudados. Allí, según declaró, terminó siendo detenido tras el arribo de aproximadamente 20 efectivos, permaneciendo 24 horas privado de su libertad. Señaló que nunca le explicaron formalmente el motivo y que le dijeron que había sido una “detención preventiva”.
A partir de esas situaciones, dijo que fue derivado a sanidad policial y que recibió licencia psiquiátrica por estrés, en el marco de un proceso que lo afectó profundamente. También manifestó que hoy padece una hernia de disco y dermatitis, y que todo estaría vinculado al desgaste físico y psicológico sufrido por el conflicto dentro de la institución.
Más adelante, relató que en 2024 recibió una notificación para presentarse a cumplir servicio sin evaluación médica previa, y que cuando acudió a sanidad policial para consultar si estaba en condiciones de trabajar, le respondieron que no se acordaban de él y que se burlaban. Tras ese episodio, sostuvo que dejó de ver el sueldo acreditado en su cuenta bancaria, aunque continuaron apareciendo recibos donde incluso figura “presentismo”, algo que él considera irregular ya que no estaría prestando tareas en calle.
En paralelo, en los mensajes enviados a El Federal, Zalazar fue aún más contundente y aseguró que ya tuvo entrevista vía Zoom para ratificar la denuncia con el fiscal nacional, y que ahora “de Nación no se escapan como de fiscalía de La Rioja”. También sostuvo que presentó pruebas, recibos, estudios médicos y documentación que —según él— habrían sido negadas o ignoradas para perjudicarlo.
En su declaración formal, Zalazar explicó que no se anima a volver a la Policía por miedo a ser detenido nuevamente. Además, aseguró que no puede trabajar de otra cosa porque sigue perteneciendo a la fuerza, no tiene recursos económicos y atraviesa una situación crítica. “Yo no tengo dinero, no puedo trabajar de otra cosa”, afirmó en el documento.
El testimonio también contiene una acusación directa contra el funcionamiento interno de la institución: “Lo que pasa en la Policía de la Provincia de La Rioja es grave, es una corrupción total”, declaró el agente, agregando que muchos policías sufren problemas psicológicos y psiquiátricos por el modo en que se maneja la fuerza.
El caso ahora quedó formalizado en jurisdicción nacional, un movimiento que, de confirmarse los hechos denunciados, podría abrir un frente judicial de alto impacto para la cúpula policial de La Rioja. Mientras tanto, el denunciante espera que la Justicia avance y que se investigue qué pasó con su salario, con los aguinaldos adeudados y con los fondos que, según él, nunca llegaron a sus manos.