El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitaciones en inglés al personal de la Cancillería, y aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia previstos por la normativa vigente.
En una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), Quirno explicó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones y que, en esta oportunidad, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” establecido en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
“El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes”, sostuvo el canciller, quien agregó que la documentación se encuentra publicada íntegramente en los sistemas oficiales, lo que permitió verificar su contenido y el cumplimiento de los pasos administrativos.
Denuncia penal
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.