Por Angel Flores
Mientras el Gobierno provincial repite discursos sobre “inclusión”, “justicia social” y “defensa del trabajador”, los números muestran una realidad incómoda: La Rioja es una de las provincias con mayor informalidad laboral del país, y lo más grave es que el propio Estado es parte central del problema.
Según datos recientes basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y mediciones de empleo, la informalidad laboral en La Rioja ronda el 42,3%. Esto significa que más de 4 de cada 10 trabajadores en el sector privado, desempeñan tareas sin estar registrados, sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin derechos laborales básicos.
En términos concretos, con una estimación de alrededor de 152.900 personas ocupadas en la provincia, el cálculo es contundente: unos 64.700 riojanos estarían trabajando “en negro” o en condiciones informales en el sector privado.
El Estado: el gran empleado y el gran precarizador
Pero el dato más alarmante no está solamente en el sector privado.
En La Rioja, todos los empleados públicos provinciales cobran casi la mitad de su salario “en negro”, mediante sumas no remunerativas, adicionales que no aportan, y mecanismos salariales que terminan reduciendo el sueldo real, debilitando la jubilación futura y vaciando derechos laborales históricos.
Es decir: el mismo gobierno que debería garantizar empleo formal, promueve el salario informal dentro del Estado.
Más de 40 mil precarizados municipales: sin obra social y sin beneficios
A esto se suma un fenómeno masivo y silencioso: más de 40 mil trabajadores precarizados en municipios de la provincia, bajo distintas formas de contratación, como becas, programas, monotributo forzado, contratos temporales o vínculos irregulares.
En la práctica, gran parte de esos trabajadores: cobran en negro, no tienen obra social, no cuentan con aportes jubilatorios, no tienen aguinaldo, no acceden a licencias ni vacaciones reales, no poseen estabilidad, y viven bajo una relación laboral marcada por la dependencia política
La precarización se convirtió, para muchos, en un sistema de control: quien reclama, queda afuera.
En las últimas horas, el Gobierno de La Rioja llamó a realizar un paro en rechazo a la Reforma Laboral impulsada a nivel nacional, presentándose como defensor de los derechos del trabajador.
Sin embargo, la contradicción es imposible de ocultar: El mismo gobierno que convoca a un paro “por los derechos laborales”, es el principal responsable de que miles de riojanos cobren en negro y trabajen precarizados.
No se trata de un problema ajeno: la informalidad en La Rioja no es solo del sector privado, también es estatal, estructural y sostenida por el poder político.
La Rioja exhibe un modelo laboral contradictorio:
- Por un lado, se habla de derechos.
- Por el otro, se multiplica la informalidad.
- Por un lado, se exige “registración” al privado.
- Por el otro, se paga “en negro” desde el propio Estado.
La consecuencia es devastadora: miles de riojanos trabajan toda su vida sin construir una jubilación digna, sin cobertura médica real y sin la mínima protección frente a enfermedades, accidentes o despidos.
El problema no es solo económico: es político
La informalidad no es una casualidad ni un “fenómeno inevitable”. En La Rioja, se ha convertido en una estructura sostenida por decisiones políticas.
La precarización masiva, el salario en negro dentro del Estado y la existencia de decenas de miles de contratos municipales irregulares reflejan un modelo: un Estado que no genera empleo digno, sino dependencia.
Y mientras tanto, el trabajador riojano queda atrapado: trabaja, cumple horarios, sostiene servicios públicos y privados… pero sin derechos.