El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a escena en La Rioja a partir de las declaraciones del abogado y ex juez de instrucción Gustavo Farías, quien planteó la necesidad de modificar el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años. Las expresiones fueron difundidas por Radio Fénix.
El planteo del ex magistrado se apoya en la idea de avanzar hacia un sistema progresivo, que contemple respuestas diferenciadas según la edad y la gravedad del delito. En ese esquema, Farías considera que no pueden recibir el mismo tratamiento legal los adolescentes de 14 y 15 años que los de 16 o 17, pero sostiene que el actual marco normativo deja vacíos frente a hechos de extrema gravedad cometidos por menores.
En su análisis, el abogado remarcó que en los últimos años se registraron delitos graves protagonizados por adolescentes en edades tempranas, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil. A su criterio, en determinados casos existe conciencia sobre la ilicitud de las conductas y sobre la gravedad de hechos que incluyen el uso de armas, por lo que entiende que el sistema legal debería contemplar respuestas penales acordes.
Farías subrayó que cualquier modificación del régimen penal juvenil debería articularse con políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese punto, sostuvo que el Estado no solo debe debatir cambios en la ley, sino también fortalecer los dispositivos de intervención, contención y seguimiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, con recursos y estructuras acordes.
El ex juez diferenció el rol del Poder Ejecutivo en la prevención social del rol del Congreso en la definición del marco legal. Mientras que el primero —señaló— tiene la responsabilidad de desplegar políticas de inclusión y acompañamiento, el segundo debería avanzar en una discusión legislativa que evite escenarios de impunidad en delitos de especial gravedad.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve así a instalarse en la agenda pública local, en un contexto marcado por hechos de violencia que reavivan el reclamo de cambios normativos. La propuesta de un esquema progresivo que combine sanción y reinserción social aparece como uno de los ejes del debate que, tarde o temprano, deberá tratarse en el ámbito legislativo.