[REDACCIÓN EL FEDERAL] El gobernador Ricardo Quintela recibió el respaldo del Gobierno provincial luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli presentara una denuncia penal por sus declaraciones sobre la situación social y económica del país y la continuidad del Gobierno nacional.
Desde el oficialismo riojano salieron a despegar al mandatario de las acusaciones de “golpismo” o “intento destituyente”, y remarcaron que advertir sobre un posible estallido social “no atenta contra la democracia, sino que busca defender a las familias que hoy no llegan a fin de mes”.
La postura fue sintetizada por la secretaria de Comunicación del Gobierno provincial, Luz Santángelo, quien cuestionó el intento de instalar que Quintela llamó a “voltear” o “bajar” al presidente. Según expresó, el gobernador planteó una advertencia frente al impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables: cuando la realidad empuja a las familias al límite, el riesgo de conflicto social “no lo genera quien lo señala, sino la propia situación que se vive en la calle”.
Qué dijo Quintela y por qué lo denunciaron
Las declaraciones que originaron la denuncia fueron realizadas en una entrevista en Radio 10, en el programa conducido por Gustavo Sylvestre. Allí, Quintela sostuvo que el peronismo debía “asumir una responsabilidad histórica” ante el rumbo económico del país y afirmó que, de continuar la situación actual, el Gobierno nacional no debería llegar al final de su mandato en 2027.
El gobernador comparó el contexto actual con la crisis de 2001 y advirtió sobre un “genocidio social” si no hay una intervención fuerte del arco político y sindical. En ese marco, propuso un esquema de paros y movilizaciones progresivas impulsadas por la CGT y los gobernadores para presionar por cambios en la legislación vigente.
Para el fiscal Stornelli, esas expresiones podrían encuadrar —de manera preliminar— en figuras penales vinculadas a instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, entre otros artículos del Código Penal. La presentación fue realizada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 y ahora deberá sortearse el juzgado federal que definirá si impulsa formalmente la investigación.
La respuesta política del oficialismo riojano
Desde el entorno del gobernador sostienen que se está tergiversando el sentido de sus palabras. Aseguran que Quintela no promovió ningún tipo de ruptura del orden institucional, sino que alertó sobre las consecuencias sociales de las decisiones del Gobierno de Javier Milei, que —según plantean— golpean con fuerza a La Rioja.
Además, cuestionaron las acusaciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien señalaron por lanzar imputaciones sin pruebas y por “alimentar la grieta” en lugar de promover un debate político responsable.
En ese sentido, el mensaje oficial fue claro: “Decir lo que está pasando no es atentar contra la democracia. Es defender a la gente”. Para el Gobierno provincial, el país necesita un debate serio, respeto institucional y responsabilidad en la palabra pública, y no descalificaciones que profundicen la desconfianza social.
“Judicialización de la política”
Por su parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Herrera calificó la presentación de Stornelli como “una judicialización de la política disfrazada de defensa de la democracia”.
En un mensaje público, Herrera sostuvo que resulta “llamativo” que se judicialicen declaraciones de un gobernador que cuestiona medidas del Gobierno nacional que —según planteó— afectan a la democracia, la institucionalidad y el federalismo, mientras no se ponen bajo la lupa “las acciones concretas que ahogan a La Rioja y tienen un impacto real en detrimento de la provincia y su gente”.
El funcionario fue aún más duro al afirmar que es “escandaloso que se persiga a un gobernador por sus dichos mediáticos repudiando la política feroz contra el pueblo argentino”, y advirtió que este tipo de denuncias buscan disciplinar voces críticas desde las provincias.
“Un bochorno y otra afrenta al federalismo”
A las críticas se sumó el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien calificó la denuncia del fiscal como “un bochorno”.
Martínez sostuvo que se trata de “otra afrenta contra el federalismo y otro intento más de judicialización de la política”, y lanzó una advertencia al resto de los mandatarios provinciales, sin distinción de signos partidarios: “los quieren amordazar”.
Además, deslizó que la presentación judicial no sería una acción aislada y puso en duda que el fiscal haya actuado de manera individual: “No creo que Stornelli actúe solo”, afirmó.