[REDACCIÓN EL FEDERAL] Funcionarios del Gobierno de La Rioja cuestionaron el discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y expresaron críticas tanto por el tono del mensaje como por su contenido. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Fénix por el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate.
Herrera manifestó su preocupación por lo que consideró un nivel elevado de confrontación en el discurso presidencial. “No comparto el nivel de violencia con el cual se dirige a todos un Presidente de la Nación”, sostuvo. Además, advirtió que “la degradación de las instituciones en la boca del Presidente atenta contra el sistema democrático” y remarcó la importancia del respeto a las investiduras y al sistema republicano.
El funcionario también señaló que determinadas expresiones pueden tener impacto social. “Si lo dice el Presidente, imagínese que para abajo todo está por venir. Eso no está bueno en una sociedad”, afirmó.
En relación con la situación económica provincial, Herrera indicó que La Rioja atraviesa dificultades financieras vinculadas —según explicó— a la falta de envío de recursos nacionales contemplados en el presupuesto. En ese marco, informó que se solicitaron audiencias con autoridades nacionales y que también hubo gestiones ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de abrir canales de diálogo institucional.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, fue aún más crítico con el mensaje presidencial. “Fue más un show mediático que una apertura de sesiones de parte de una figura presidencial”, expresó, y agregó: “El acto fue desagradable. Me quedó más la sensación de una puesta en escena con un show mediático que de un acto tan importante y protocolar para todos los argentinos”.
Zárate sostuvo además que el discurso estuvo “cargado de información confusa y datos imprecisos que no tienen nada que ver con la realidad” y afirmó haber observado “un Presidente disociado de la realidad”.
En cuanto a las referencias del mandatario nacional hacia el gobernador Ricardo Quintela, el ministro consideró que no resultan inesperadas en el escenario político actual. “Ricardo Quintela es una referencia y una resistencia al Gobierno nacional”, afirmó, y añadió que se ha convertido en “uno de los principales referentes del peronismo a nivel nacional”.
El funcionario también cuestionó lo que definió como una priorización de conflictos políticos por parte del Ejecutivo nacional. “La principal preocupación del Gobierno nacional hoy parece ser judicializar las posiciones públicas y políticas de un gobernador, más que ocuparse del problema real que tienen la mayoría de los sectores en la Argentina”, señaló.
Situación financiera y posibles ajustes
Zárate detalló que la provincia depende en gran medida de los fondos coparticipables. Según indicó, en enero ingresaron alrededor de 100.000 millones de pesos, de los cuales 81.000 millones fueron destinados al pago de salarios. Con el último aumento salarial, advirtió, ese porcentaje superará el 90%.
“La provincia hoy subsiste gracias al goteo de los recursos coparticipables que alcanzan casi exclusivamente para pagar sueldos”, explicó, y sostuvo que este escenario “nos coloca en una situación muy difícil en materia de funcionamiento”.
En ese contexto, confirmó que el gobernador enviará a la Legislatura un proyecto para ajustar la estructura del Estado. “Va a haber más ajustes y recortes a los gastos operativos de todas las áreas de la provincia para poder sostener el pago del salario”, anticipó.
No obstante, aclaró que áreas como Seguridad, Salud y Educación no sufrirán recortes estructurales profundos, aunque podrían eliminarse “algunas direcciones y coordinaciones de las cuales se puede prescindir”.
Finalmente, respecto a la posible implementación de fotomultas en la capital, Zárate consideró que “es un paso hacia adelante en el ordenamiento del tránsito”, aunque recordó que la competencia en esa materia corresponde principalmente al municipio.
Las declaraciones se dan en un contexto de tensión política y reclamos financieros entre la Provincia y la Nación, con pedidos de diálogo institucional y advertencias sobre el impacto presupuestario en la administración local.