[REDACCIÓN EL FEDERAL] Distintos medios nacionales, entre ellos La Política Online (LPO), aseguran que en la Casa Rosada se estaría analizando la posibilidad de que el presidente Javier Milei firme un indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, fecha en la que se cumplirán 50 años del último golpe de Estado.
Según publicó LPO, la decisión final aún no estaría tomada, pero el entorno presidencial habría recibido la orden de avanzar en el estudio de los aspectos legales, políticos y comunicacionales de una eventual medida. La fecha elegida —el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia— concentra cada año multitudinarias movilizaciones en repudio al terrorismo de Estado, por lo que una decisión de ese tenor sería interpretada como un gesto de fuerte impacto político.
De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 539 represores detenidos en el país, de los cuales 454 cumplen arresto domiciliario. Según la información citada por LPO, abogados que colaborarían con la iniciativa confirmaron que el equipo presidencial estaría analizando el encuadre jurídico de un eventual indulto, así como la narrativa pública con la que se presentaría la medida.
La posibilidad no sería nueva. Durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel había deslizado en distintos ámbitos su postura en favor de los militares procesados por delitos de lesa humanidad, en línea con su agenda de “memoria completa”. En ese marco, la eventual medida también es leída por analistas políticos como un movimiento para disputar ese electorado dentro del propio espacio oficialista.
El contexto en el que surge la versión también es señalado por medios nacionales: inflación en alza, profundización de la recesión y cierre de fábricas que impactan en el empleo registrado. Además, encuestas recientes de las consultoras Management & Fit, Atlas Intel y Bloomberg habrían registrado una caída en la imagen presidencial, con niveles de negativa cercanos al 60%.
Otro antecedente mencionado por LPO fue la visita de diputados libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz, episodio que generó fuerte polémica. En aquel momento, el Presidente tomó distancia del hecho y lo calificó como “un error”.
Juristas citados por distintos medios advierten que los delitos de lesa humanidad poseen un estatus especial en el derecho internacional, lo que vuelve altamente controversial —e incluso jurídicamente inviable, según algunas interpretaciones— la aplicación de indultos, como ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem.
Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte del Gobierno nacional sobre la eventual firma de un indulto. Sin embargo, la sola posibilidad ya abrió un intenso debate político y jurídico en el país, a pocas semanas de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.