[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Gobierno de La Rioja inició un proceso de intimaciones extrajudiciales a adjudicatarios de viviendas sociales que registran deudas en el pago de las cuotas. La medida fue informada esta semana a través de una gacetilla oficial y surge en un contexto de alta morosidad, que según datos del propio organismo alcanza a casi el 60% de los beneficiarios.
De acuerdo con la información difundida por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, las notificaciones ya comenzaron a enviarse a adjudicatarios con cuotas impagas. En caso de que las deudas no se regularicen, las actuaciones podrán ser remitidas a la Fiscalía de Estado para avanzar con el cobro judicial o incluso el recupero de las unidades habitacionales.
El secretario de Vivienda, Diego Rivero, explicó en declaraciones a Rioja Virtual que el nivel de morosidad es elevado y que se viene incrementando en los últimos meses. “Tenemos una alta morosidad que creció: casi un 60% del total de beneficiarios no están pagando o se atrasaron en más de cinco cuotas”, afirmó el funcionario en diálogo con ese medio.
Rivero recordó además que las cuotas de las viviendas sociales están subsidiadas por el Estado provincial, por lo que su valor se ubica por debajo de los precios del mercado inmobiliario.
Según detalló, una vivienda de tres dormitorios tiene cuotas que van aproximadamente de $160.000 a $230.000, dependiendo del equipamiento del inmueble. “Eso es cerca del 50% del valor de un alquiler. La tendríamos que estar cobrando más de $500.000, pero está subsidiada”, sostuvo.
En ese marco, el funcionario señaló que el Gobierno provincial realiza un esfuerzo financiero con fondos propios para sostener la construcción de viviendas y remarcó que el pago de las cuotas permite financiar nuevas obras habitacionales.
También advirtió que, en los casos donde no haya voluntad de regularizar la deuda, el organismo ya remitió informes a la Fiscalía de Estado. “Si la propiedad no está cancelada sigue siendo del Estado provincial y la ley nos habilita a desadjudicar por falta de pago”, explicó.
El titular del área indicó además que el recupero de las cuotas se destina a financiar nuevas obras de vivienda, mientras que actualmente el Gobierno provincial mantiene en ejecución la construcción de alrededor de 300 unidades habitacionales, aunque a un ritmo reducido.
Por otro lado, informó que el padrón de aspirantes a viviendas sociales se encuentra actualmente cerrado y supera los 19.000 inscriptos en toda la provincia.
Finalmente, Rivero precisó que el costo actual de construcción de una vivienda es elevado. Según indicó, una unidad habitacional cuesta alrededor de $88 millones, sin contar el valor del terreno ni las obras de infraestructura.
Desde el Gobierno provincial también señalaron, a través de la gacetilla oficial, que durante la gestión del gobernador Ricardo Quintela y del ministro de Vivienda Ariel Puy Soria se entregaron más de 6.000 soluciones habitacionales, entre viviendas, lotes con servicios y módulos habitacionales.