Por Angel Flores
Una nueva resolución del Juzgado Federal de La Rioja volvió a generar polémica en una de las causas de corrupción más escandalosas de la provincia: la investigación por el presunto desvío de millonarios fondos públicos a través de fundaciones y ONGs.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena dispuso una serie de medidas en la causa que investiga maniobras de presunta defraudación al Estado vinculadas a programas nacionales de vivienda y obras públicas durante los años del kirchnerismo.
Entre las decisiones más cuestionadas aparece el levantamiento de la inhibición general de bienes del ex vicegobernador riojano Néstor Bosetti, quien vuelve a quedar habilitado para disponer de su patrimonio mientras la causa sigue sin definiciones de fondo.
La investigación se centra en el funcionamiento de decenas de fundaciones y asociaciones civiles que habrían intermediado fondos públicos enviados por la Nación para programas de viviendas y obras públicas.
Entre ellas figuran organizaciones como:
- Fundación Futuro
- Fundación Desafío
- Fundación Amanecer
- Fundación Nuevo Tiempo
- Visión Riojana
- Fundación Liderar para una Mejor Calidad de Vida
- Progreso y Justicia Social
- Asociación Jóvenes Emprendedores
Todas aparecen mencionadas dentro del expediente judicial en relación a transferencias de dinero estatal y posibles irregularidades en la ejecución de obras.
El período investigado abarca principalmente los años 2013 a 2016, cuando se habrían canalizado importantes recursos nacionales hacia estas organizaciones.
El magistrado resolvió además designar peritos contadores de parte para avanzar con una pericia contable que analice el movimiento de fondos y las rendiciones de cuentas vinculadas a las fundaciones.
Los profesionales designados son:
- Walter Fabián Herrera
- Miguel Ángel Cabral Peñaloza
- y eventualmente un contador del cuerpo técnico de la Defensoría General de la Nación.
Los peritos deberán presentarse en el juzgado para aceptar el cargo y luego se fijará la fecha de inicio de la pericia.
Sin embargo, para muchos observadores judiciales el problema no es la pericia en sí, sino el tiempo transcurrido: la causa se inició hace casi una década y recién ahora se avanza con medidas contables clave.
Otro punto de la resolución fue la revocación de la defensa pública del imputado Bosetti, luego de que designara como abogado particular al Dr. Matías Ezequiel Castro.
De esta manera cesó la intervención del defensor oficial José Nicolás Chumbita.
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Un pedido de sobreseimiento en carpeta
En el expediente también quedó incorporado un nuevo pedido de sobreseimiento presentado por la Dra. Analía Elisa Alcaraz, aunque el juez decidió simplemente agregarlo al expediente sin resolverlo por el momento.
El expediente judicial se remonta a los años en que Luis Beder Herrera gobernaba La Rioja, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, período en el cual la provincia recibió importantes transferencias de fondos nacionales para obras públicas.
La hipótesis de la investigación apunta a que parte de esos recursos habrían sido canalizados a través de fundaciones que funcionaban como intermediarias, lo que habría permitido el manejo discrecional de dinero estatal.
Impunidad
A casi diez años de iniciada la causa, el avance judicial sigue siendo lento y lleno de pasos burocráticos.
Mientras tanto, decisiones como el levantamiento de la inhibición de bienes vuelven a alimentar una sensación que se repite en la opinión pública riojana: que los grandes escándalos de corrupción terminan diluyéndose con el paso del tiempo sin responsables claros.