El Gobierno nacional asegura haber identificado de manera fehaciente a la persona que capturó las imágenes de Manuel Adorni en el aeropuerto de San Fernando, justo antes de que el funcionario partiera hacia Punta del Este en un avión privado junto a su familia. Según la información que emana de Balcarce 50, se trataría de Victoria Correa, una empleada de la planta permanente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que además se desempeña como delegada gremial en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
Las fuentes gubernamentales vinculan directamente a Correa con la militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), espacio que integra el Frente de Izquierda. Ante esta consulta, el diputado nacional Nicolás del Caño manifestó a la prensa no conocer personalmente a la trabajadora señalada, aunque no dudó en solidarizarse con ella. Del Caño calificó de “nefasto” el hecho de que el oficialismo apunte contra una empleada y consideró que se trata de una maniobra para desviar la atención de los escándalos que salpican al jefe de Gabinete y al propio presidente Milei con el caso $LIBRA, remarcando que es Adorni quien debe dar las explicaciones pertinentes.
Internas y sospechas de “fuego amigo”
Con la identificación de la presunta autora del video, el Ejecutivo intenta también desactivar las versiones de una fractura interna. Inicialmente, las sospechas sobre quién pudo haber filtrado una grabación realizada “puertas adentro” del sector restringido del aeropuerto recaían sobre el asesor Santiago Caputo, quien mantiene un enfrentamiento abierto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El propio Adorni había sugerido que la filtración provenía de alguien con acceso a las instalaciones, afirmando que “el video es de puertas adentro, de alguien que estaba del vidrio para adentro”.
El jefe de ministros denunció que el material fue guardado durante un mes para ser difundido en el “momento justo”, coincidiendo con la polémica por el uso del avión presidencial por parte de su esposa en un viaje a Nueva York. Para Adorni, se trata de una construcción mediática sobre un hecho que no considera ilegal ni ético ni negativo.
El avance de la Justicia y las facturas de la discordia
A pesar de la contraofensiva política del Gobierno, el frente judicial se ha vuelto más complejo para Adorni. El magistrado Ariel Lijo impulsó una serie de medidas que incluyen el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las empresas que intervinieron en la logística del viaje. La Justicia ya cuenta con documentación que arroja nuevos interrogantes: una factura remitida al juzgado federal detalla que el pago por el tramo de ida a Uruguay fue de 4.830 dólares, un monto que supera los 3.800 dólares que el funcionario había declarado originalmente.
Además, el juzgado solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que entregue la totalidad de los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, fecha en la que se realizó el vuelo. La investigación también ha incorporado datos sobre una cuenta en el extranjero y una nueva factura que complican la situación patrimonial del vocero.
Como si fuera poco, a la investigación por los vuelos se le suma un nuevo frente abierto por la diputada Marcela Pagano. La legisladora denunció a Adorni por no haber incluido en su declaración jurada una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz. Según la acusación, las expensas de dicha propiedad figuran a nombre de su esposa, lo que añade una nueva capa de sospechas sobre los bienes no declarados del entorno del jefe de Gabinete.