[REDACCIÓN EL FEDERAL] El jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, aseguró este jueves que no existe riesgo de embargo sobre activos estratégicos de la provincia, como el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, en el marco del conflicto judicial con bonistas en Estados Unidos.
Las declaraciones se producen luego de que trascendiera la presentación de acreedores ante tribunales norteamericanos para avanzar sobre bienes provinciales con el objetivo de cobrar una deuda cercana a 75 millones de dólares por el default de los bonos verdes.
En una conferencia de prensa junto a funcionarios del área económica y productiva, Luna buscó llevar tranquilidad y fue categórico: “Descartamos de plano que el Banco de la Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”.
El funcionario sostuvo que la preocupación generada en los últimos días responde a una estrategia de presión por parte de los bonistas y remarcó que la provincia cuenta con asesoramiento legal tanto local como en Estados Unidos. En ese sentido, explicó que la posición oficial se basa en que la soberanía impide la ejecución de bienes públicos en territorio argentino por decisiones de tribunales extranjeros.
“Nos han dejado en claro que la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del estado de Massachusetts en la República Argentina”, afirmó, e insistió en que los activos “están a salvaguarda”.
Al mismo tiempo, el Gobierno provincial ratificó su voluntad de avanzar en una reestructuración de la deuda que sea sostenible. Luna indicó que la gestión de Ricardo Quintela busca cumplir tanto con las obligaciones locales —como el pago de salarios y proveedores— como con los bonistas, pero “sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado”. El proceso de negociación, agregó, lleva más de un año y ha sido “complejo”.
En otro tramo de la conferencia, el jefe de Gabinete vinculó directamente la situación de default con la falta de envío de fondos desde la Nación y apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei. Según sostuvo, la interrupción de transferencias extra coparticipables previstas en el presupuesto nacional afectó de manera directa las finanzas provinciales.
“El incumplimiento de la Nación ha menoscabado las finanzas de la provincia y ha puesto en dificultad el cumplimiento de algunos pagos del bono verde”, afirmó. Además, recordó que la provincia mantiene un reclamo judicial ante la Corte Suprema por esos recursos y cuestionó la falta de avances en ese expediente.
El conflicto por la deuda riojana atraviesa así una nueva etapa en tribunales internacionales: mientras los bonistas avanzan con una estrategia para ejecutar activos, el Gobierno provincial busca bajar el nivel de alarma y sostiene que esos bienes no pueden ser embargados. El desenlace, por ahora, sigue abierto.