La Justicia avanzó contra ex funcionarios de la universidad por una causa vinculada a una carrera de enfermería considerada “fantasma”.
En un giro clave dentro de una causa que lleva años de denuncias y reclamos, la Justicia resolvió el procesamiento de al menos dos ex autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), en el marco de una investigación por presunta estafa académica contra estudiantes de la sede Villa Unión.
Según se informó a través de un comunicado del Estudio Jurídico Dr. Montaperto, la resolución judicial alcanza a Silvio Alejandro Santillán, ex decano, y a José Nicolás Muñoz, ex secretario académico, quienes fueron procesados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal). Además, se dispuso el embargo de bienes de ambos implicados.
La causa gira en torno a la carrera de Licenciatura en Enfermería que se dictaba en la sede de Villa Unión, la cual —según la investigación judicial— habría funcionado sin la debida autorización oficial.
Una “carrera fantasma” con alumnos y clases
De acuerdo a lo que surge de la resolución, el expediente acredita una serie de irregularidades graves:
- Existencia de una carrera sin aval formal de los organismos correspondientes.
- Inscripción de estudiantes y entrega de libretas universitarias.
- Dictado de clases presenciales durante más de un año.
- Designación de docentes con nombre y apellido para cada materia.
- Toma de exámenes parciales y finales, con documentación firmada.
Estos elementos consolidan la hipótesis de una estructura académica montada sin respaldo legal, que generó perjuicios directos a los alumnos involucrados.
Otro punto sensible que surge del fallo es que la casa central de la UNLaR habría tenido conocimiento de la situación sin haber tomado medidas concretas. Según se indica, no se habrían impulsado investigaciones internas, sanciones administrativas ni denuncias formales.
Incluso, la resolución judicial menciona que la carrera no contaba con autorización de la CONEAU, organismo encargado de la evaluación y acreditación universitaria en Argentina.
Además, se destaca que la universidad no respondió en su momento a los reclamos administrativos presentados por los estudiantes damnificados, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento señaladas en la causa.
Un avance judicial tras años de reclamos
Desde el estudio jurídico que representa a los denunciantes sostuvieron que este procesamiento marca “un avance insoslayable” en una causa que durante años enfrentó dilaciones y obstáculos.
“Se acreditó que lo denunciado era verdad y no una ficción”, remarcaron, al tiempo que afirmaron que continuarán impulsando acciones judiciales para que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales.
Mientras tanto, los estudiantes afectados —muchos de los cuales invirtieron tiempo y recursos en una carrera que podría carecer de validez— continúan a la espera de respuestas y posibles reparaciones.
El caso no solo pone bajo la lupa el funcionamiento institucional, sino que reabre el debate sobre los controles en la educación superior y la responsabilidad del Estado en la protección de los estudiantes.