El diputado provincial de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, quedó en el centro de una fuerte disputa política dentro de la Legislatura riojana luego de que el bloque justicialista impulsara una cuestión de privilegio en su contra por declaraciones realizadas tanto en el recinto como en redes sociales.

La presentación fue realizada durante la última sesión por el presidente del bloque del PJ, Cristian Pérez, quien acusó al legislador libertario de desarrollar una “metodología de avasallamiento y agravios” y de “poner en duda la honestidad y la integridad” de la Cámara de Diputados. La cuestión fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde ahora deberá analizarse qué medidas podrían adoptarse.

El conflicto se originó tras las críticas de Molina Gómez a la nueva integración del Consejo de la Magistratura y a la reforma constitucional que ubicó al organismo bajo la órbita de la Función Legislativa.

En declaraciones a Radio La Red, el diputado libertario calificó esa modificación como “una aberración jurídica” y sostuvo que existió un acuerdo político entre el oficialismo y sectores del radicalismo.

Se enojan conmigo porque claramente hubo un acuerdo con el radicalismo”, afirmó. Y agregó: “La honestidad e integridad de la Cámara de Diputados está puesta en duda por toda la sociedad riojana”.

Aunque todavía no existe una resolución formal, distintos sectores del oficialismo dejaron entrever que podrían impulsarse sanciones contra el legislador libertario.

En declaraciones a Medios Provincia, el diputado justicialista Raúl Cabral explicó que la cuestión de privilegio apunta a evaluar la conducta del legislador y advirtió que las sanciones podrían ir “desde un llamado de atención hasta medidas más severas determinadas por la Cámara”.

Por su parte, Molina Gómez aseguró en Radio La Red que teme una represalia política y económica. “Primero van a intentar dañarme patrimonialmente, suspenderme un mes”, expresó.

La tensión escaló aún más después de que el legislador publicara varios mensajes en redes sociales denunciando un supuesto intento de disciplinamiento político. “El PJ y la UCR se unen para hacerlo contra un diputado de LLA”, escribió en una publicación donde aseguró que “la vieja política se protege entre sí”.

En otro posteo sostuvo: “Hoy, en sesión, los presidentes de los bloques del PJ y de la UCR intentaron intimidarme para cercenar mi libertad de opinión”.

La presidenta del bloque radical, Gabriela Rodríguez, adhirió a la cuestión de privilegio y cuestionó con dureza al diputado libertario. En declaraciones a Despierta Provincia y otros medios locales, sostuvo que “lo que pasó fue muy grave” y consideró que Molina Gómez realizó “graves imputaciones sin fundamentos”.

La libertad de expresión tiene un límite”, afirmó la legisladora, quien además rechazó las acusaciones sobre un supuesto pacto entre el radicalismo y el oficialismo por el Consejo de la Magistratura.

Según explicó, los representantes radicales no podían continuar en ese organismo debido a “una imposibilidad constitucional y legal”.

Rodríguez también cuestionó la actitud política del legislador libertario y aseguró en Medios Rioja que “el debate se da en el recinto y en las comisiones, no en los shows mediáticos”.

Es un mentiroso. Hay que ver la producción legislativa”, disparó.

La disputa se da en medio de la implementación de la nueva ley del Consejo de la Magistratura, sancionada tras la reforma constitucional provincial. La normativa establece que el organismo funcionará dentro de la órbita de la Función Legislativa, algo que Molina Gómez cuestionó públicamente por considerar que afecta la división de poderes.

Mientras tanto, el legislador libertario elevó aún más el tono en redes sociales y vinculó el conflicto con un supuesto intento del oficialismo de avanzar sobre la Justicia provincial. “Cómo se llama la obra: copar la Justicia en retirada”, escribió en uno de sus últimos posteos.

Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá analizar la cuestión de privilegio y definir si corresponde aplicar alguna sanción. En los pasillos legislativos ya se habla de posibles suspensiones o medidas disciplinarias, en un escenario que suma tensión política y abre un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo, la UCR y La Libertad Avanza en La Rioja.