Por Angel Flores
Un día como hoy, El Federal publicaba una de las investigaciones más explosivas de la historia política reciente de La Rioja. Lo que comenzó como una denuncia sobre presuntos desvíos de fondos destinados a viviendas sociales terminó convirtiéndose en una megacausa que involucró a 228 personas físicas, cerca de 30 organizaciones y que amenazaba con exponer responsabilidades políticas y judiciales de enorme magnitud.
La causa, iniciada en 2016 tras informes de la PROCELAC y la Oficina Anticorrupción, investiga el presunto desvío de más de 800 millones de pesos que habrían sido transferidos desde organismos nacionales a fundaciones, asociaciones civiles y empresas privadas mediante convenios vinculados a programas habitacionales.
Durante casi una década, el expediente permaneció virtualmente paralizado. Sin embargo, la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona decidió reactivar la investigación con el respaldo de la PROCELAC, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal.
El avance de la fiscal expuso además una situación que, según fuentes judiciales, podría derivar en graves consecuencias institucionales. El Secretario Penal del Juzgado Federal, José Combina, mantiene un vínculo familiar con uno de los empresarios relacionados con la investigación: es cuñado de Néstor Bosetti, mencionado dentro de la causa.
Según las fuentes consultadas, dicha situación debió haber sido comunicada oportunamente a la Cámara Federal de Apelaciones y al Consejo de la Magistratura, además de analizarse eventuales apartamientos para garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, aseguran que ello nunca ocurrió.
El antecedente que volvió a cobrar fuerza
La reapertura de la causa volvió a poner en escena una investigación publicada por El Federal sobre hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2015, apenas un día después de la victoria presidencial de Mauricio Macri.
Según el testimonio de una fuente que decidió hablar tras años de silencio, aquel día se desarrolló un operativo fuera del horario bancario en la sede del Banco Rioja. De acuerdo con esa versión, funcionarios vinculados al gobierno provincial habrían retirado diez cajas de resmas de papel que contendrían grandes sumas de dinero en efectivo.
ASÍ SAQUEABAN EL BANCO RIOJA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN GOBIERNO DE BEDER HERRERA
La fuente aportó además videos inéditos que fueron difundidos por El Federal. En las imágenes puede observarse la salida de las cajas por una puerta lateral de la entidad bancaria ubicada sobre calle Rivadavia, bajo custodia policial y cargadas en vehículos particulares.
El testigo identificó como organizador del operativo al contador Alejandro Ticac, quien por entonces mantenía estrechos vínculos con funcionarios del área económica provincial. Según su relato, previamente se habrían apagado las cámaras internas del banco para impedir el registro del conteo del dinero.
Siempre de acuerdo con esa versión, los fondos corresponderían a recursos enviados desde Nación para programas de viviendas y otros planes que posteriormente habrían sido distribuidos a través de fundaciones y organizaciones intermedias.
La denuncia periodística sostuvo además que el monto involucrado podría rondar los 800 millones de pesos y planteó la hipótesis de que aquellas maniobras podrían estar vinculadas con el esquema investigado actualmente en la denominada megacausa de las ONG.
Sin embargo, los videos y la investigación del periodista Angel Flores, nunca fue incorporado en la causa.
En 2017, el entonces fiscal federal Horacio Salman había impulsado medidas de prueba consideradas fundamentales para avanzar en la investigación. Tras su fallecimiento en 2018, el expediente perdió impulso y quedó prácticamente inmovilizado durante años.
Según fuentes judiciales, la causa estuvo a pocos meses de prescribir, ya que el plazo vencía en marzo de 2026, cuando se cumplían diez años de la denuncia original.
La decisión de la fiscal Carmona de retomar el expediente permitió reconstruir circuitos financieros, convenios, transferencias bancarias, órdenes de pago y rendiciones de cuentas que hoy vuelven a ser analizados por los organismos nacionales especializados.
La investigación también volvió a colocar bajo la mirada pública al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien deberá responder por las decisiones adoptadas durante casi una década de tramitación y por los cuestionamientos surgidos alrededor del funcionamiento interno del juzgado.
A diez años de aquellos hechos y cuando la causa parecía encaminada hacia el olvido, el expediente volvió a cobrar vida. Lo que está en juego ya no es solamente el destino de más de 800 millones de pesos de fondos públicos, sino también la eventual existencia de una estructura política, administrativa y judicial que durante años habría impedido conocer toda la verdad.