La Rioja atraviesa un nuevo episodio que pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Policía de la Provincia confirmaron este jueves el apartamiento de autoridades policiales y de cinco efectivos involucrados en un procedimiento realizado en la localidad de Ulapes, luego de que se conociera una denuncia pública por un presunto mal accionar durante una investigación por robo.
Según informó oficialmente el Gobierno provincial, la medida fue adoptada de manera inmediata tras tomar conocimiento de los hechos denunciados, ocurridos en el marco de una investigación iniciada a raíz de un robo reportado por un vecino de Ulapes el pasado 15 de junio.
De acuerdo con el comunicado, además de las actuaciones administrativas, se presentó una denuncia ante la Quinta Circunscripción Judicial por una presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales de personas que se encontraban residiendo circunstancialmente en la zona y que, al momento del procedimiento policial, eran consideradas las principales sospechosas del hecho investigado.
Frente a la gravedad de la situación, las autoridades resolvieron apartar de sus funciones a los titulares de la dependencia policial que intervino en el operativo y designar nuevas autoridades, las cuales ya asumieron sus cargos.
Asimismo, se dispuso el apartamiento preventivo de cinco efectivos policiales que habrían participado en los hechos que actualmente son objeto de investigación.
Paralelamente, el Ministerio ordenó la intervención inmediata de un equipo especializado de la Dirección General de Asuntos Internos, organismo que tendrá la responsabilidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias de los funcionarios involucrados.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que las medidas adoptadas buscan garantizar la transparencia institucional y asegurar que cualquier actuación presuntamente irregular sea investigada con la máxima rigurosidad.
“El respeto irrestricto a la Constitución Nacional y Provincial, las leyes vigentes y los derechos fundamentales de todas las personas constituye un principio innegociable”, señalaron desde el organismo
El caso generó repercusión en el departamento General San Martín y ahora será la Justicia, junto con los organismos de control interno, la encargada de determinar si existieron abusos o irregularidades durante el procedimiento policial realizado en Ulapes.
Mientras avanzan las investigaciones, las nuevas autoridades policiales ya se encuentran al frente de la dependencia, en un intento por restablecer la confianza pública y garantizar la continuidad de las tareas de seguridad bajo estricto apego a la legalidad.