*Por Juan Pablo Parrilla Branda
Estamos todos de acuerdo en que lo que se avecina son tiempos complicados. Aunque todavía no está claro qué Javier Milei asumirá el 10 de diciembre, hasta el nuevo oficialismo reconoce que el futuro, al menos en el corto plazo, será oscuro. Por su dependencia de la recaudación nacional, La Rioja será una de las provincias más afectadas.
Hay un área donde ya se empiezan a notar los efectos del desastre de la actual gestión y el ajuste que se avecina: la obra pública. La Rioja tiene 34 obras en ejecución con financiamiento nacional, además de 12 proyectos en agenda. El primer interrogante es qué sucederá con lo que quedó por la mitad. ¿Todas las obras financiadas por la Nación quedarán inconclusas?
El modelo chileno que Milei dice que aplicará no es pura obra privada, sino que combina el sistema de concesiones con el método tradicional de licitaciones públicas. En el primero, las empresas invierten y cobran a las personas o empresas que utilizan las obras. El ejemplo más común es el de una autopista con peajes, pero también puede ser un gasoducto. La obra siempre es del Estado, pero por una determinada cantidad de tiempo la usufructúa el sector privado que la financia y la realiza.
En el segundo, el sistema clásico de licitaciones, las empresas ejecutan la obra, pero la paga el Estado. Esto es así por dos cuestiones. Por un lado, porque el modelo de concesiones sólo se utiliza en el mundo para obras grandes, debido a que las empresas deben invertir mucho dinero en los estudios previos. Por otro lado, no siempre es fácil encontrar un método para que los beneficiarios paguen por la concesión. Por ejemplo, para aplicar el sistema de concesiones al bacheo de una calle habría que privatizarla y cobrar a quiénes transitan por ahí, un sueño de Milei que hoy por hoy parece irrealizable.
Milei ha dado señales confusas sobre lo que hará. Parecería estar claro que no habrá obras nuevas, lo que en realidad no tiene nada que ver con el modelo chileno. Pero por otra parte, el presidente electo avisó que respetará los contratos, una frase que apunta más que nada al acuerdo con el FMI, pero que podría ser aplicable a la obra pública.
Pregunta: ¿las obras en rutas que quedaron por la mitad en La Rioja se ofrecerán al sector privado? De ser así, será toda una novedad, porque en La Rioja no hay un sólo peaje en toda la provincia.
Para que una empresa pueda apostar a una concesión, primero debería estar en condiciones de poder afrontar semejante inversión. Pero además de empresas con cuentas equilibradas capaces de invertir debe haber un negocio rentable.
En ese sentido, sobran fundamentos para creer que una concesión podría no ser suficiente en el caso del camino entre Sanagasta y Chilecito. Muchos de los que habitualmente viajan entre la capital y la Perla del Oeste suelen repetir que seguirán usando el camino actual, porque es más largo, pero sin camino de montaña, curvas, contracurvas, rebajes y altura. Y una ruta sólo será rentable para el sector privado en la medida que tenga mucho tránsito. En este punto habría que preguntarse si era esa la obra que necesitaba la provincia, mientras en varias ciudades riojanas un par de gotas de lluvia bastan para que se inunden todas sus calles.
Distinto sería el caso de la ruta entre la capital y Sanagasta, a la que le falta el segundo tramo. Es un camino muy transitado que podría ser concesionado, pues tiene una ruta alternativa gratuita (y de peor calidad, como la actual). Al estar bastante avanzada la obra y los planos listos, la inversión privada no tendría que ser enorme.
Ahora, que Milei quiera avanzar en ese sentido no implica que la población lo acepte. ¿Tendría licencia social un peaje en la ruta a Sanagasta? ¿Los que transiten ese trayecto optarían por pagar o usar el camino viejo?
¿Qué ocurrirá con el resto de las obras?
Un plan de bacheo en la capital, por ejemplo, debería ser costeado con fondos propios. No sería de extrañar que los Municipios sumen algún tipo de estrategia de financiamiento propio, como nuevas tasas o estacionamiento medido.
Los esquemas de financiamiento privado sólo podrían servir para obras grandes “concesionables”, pero no para un plan de construcción de cloacas. La idea de “que lo paguen los vecinos”, como sugirió Diana Mondino, es inaplicable en la provincia. Ni hablar en el caso de un gasoducto con fines productivos, que lo tendrían que pagar las empresas que lo usen, algo improbable en una provincia con un sector industrial que en buena parte no es competitivo.
Eso sí: si avanza el modelo chileno habrá que ver si se controla al sector privado o sucede como en los ‘90 menemistas, cuando las casetas de peaje se instalaron antes de empezar las obras o incluso en rutas en las que ni siquiera se hicieron grandes obras. En efecto, en Chile una de las mayores críticas al modelo ha sido justamente la falta de control del Estado y las condiciones abusivas que han impuesto las empresas a sus usuarios, un tema que tuvo amplio debate en el país vecino.
Como sea, es posible que haya más control sobre los recursos que la Nación envía a las provincias y quizás algún tipo de auditoría sobre lo hecho. La Rioja tiene obras retrasadas con respecto al financiamiento, como la prolongación de la avenida Los Cactus, y otras que vienen sobreejecutadas, como el puente de la rotonda del Chacho, que el gobierno asegura que se terminará. A su vez, hay obras que no superan el 30% de ejecución, como la de la Vieja Estación, que es muy posible que no prosperen. Ni hablar de las que no tienen ni el 2% de ejecución, como el nuevo Hospital Central. Y los 12 proyectos en carpeta está claro que seguirán siendo eso, proyectos.
Otro aspecto complejo serán las viviendas. Hay tres proyectos que sobrevivirán porque tienen financiamiento internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. El resto seguramente morirá, en una provincia en la que la construcción de casas públicas está instalada en la cultura riojana casi como una obligación estatal.
El mercado inmobiliario está históricamente dolarizado y las cifras que maneja el equipo de Milei para su plan de vivienda parecen inaplicables en La Rioja. Su idea es que el sector privado construya casas por 53 mil dólares, de los cuales 40 mil dólares serían financiados y el resto deberían entregarlo las familias por adelantado.
Al gobierno de La Rioja la vivienda con tres dormitorios le cuesta 26 millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que propone Milei, aunque no paga por la tierra en la que construye. No obstante, el sistema tiene muchos bemoles. Hoy literalmente sale más caro comprar dos lomitos que pagar la cuota de una casa entregada por el gobierno. Parece injusto y poco redistribuidor para los que quedan afuera. El sistema tampoco es transparente, pues no hay sorteos ni se publican los listados de beneficiarios.
Menos trabajo, menos consumo, menos recaudación
El futuro oficialismo es optimista sobre lo que el modelo chileno podría generar en el país, pero nadie niega que los próximos años serán duros. El propio Milei reconoció que en los primeros meses habrá estanflación. Menos obras será menos trabajo. La UOCRA estima que en la provincia hay 1.500 empleos directos en riesgo.
En materia laboral también habrá que prestar especial atención al parque industrial, dominado por la poca competitiva industria textil. Milei ha dicho en campaña que bajará impuestos y hará una reforma laboral antes de poner a la industria a competir con países como China, pero otros dirigentes, como Diana Mondino, han bajado una línea mucho más dura del tipo “deberán cerrar si no pueden competir”.
Entonces, los despidos que hubo en los últimos días se multiplicarán en los próximos meses. Y la capacidad del Estado de contener a esos sectores afectados será mínima. Habrá, entonces, menos consumo y menos recaudación.
Habrá que ver, además, qué ocurre con los subsidios a los servicios. En La Rioja, en las facturas de Edelar, por cada peso que paga el usuario hay otros dos subsidiados por la Nación y un peso más aportado por la Provincia, que verá reducido su presupuesto. En ese marco, Aguas Riojanas está enviando cartas a los usuarios con deudas a los que amenaza con dejarlos sin servicio, algo que no es legal, pero que la empresa igualmente lo está realizando.