Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el planteo de La Rioja contra el mega DNU 70/23 de Javier Milei. Según los integrantes del máximo órgano judicial, no había un “caso concreto”, “causa” o “controversia”.
Es por ello que Fenix dialogó con el asesor general del gobierno Pedro Goyochea, donde en primera instancia quiso aclarar “el trabajo de los doctores Ferreyra y Zaffaroni no le generó ningún costo a la provincia”.
“Ellos trabajan con un equipo a nivel local que son los que coayudan en todas las cuestiones que suscitan en el marco de competencia originaria de la Corte”, manifestó.
“A su vez recordemos que la provincia tiene 3 causas en la corte, uno son los fondos coparticipables no automáticos, otro es el fondo compensador de transporte público y el fondo de incentivo docente”, agregó
Goyochea señaló que en esta resolución se la pueda clasificar en dos puntos de vista: “por un lado la lectura técnica y por otro la política”.
En lo referido a lo técnico, dijo: “La lectura de carácter técnica, nos la Corte generó un nuevo estándar de interpretación en donde establece que las acciones declarativas de certezas tienen que tratar efectivamente un prejuicio o daño a través del cual se quiere evitar el mismo y que debe estar supeditado a una causa judicial previa en donde una de las partes solicite una acción declarativa de certeza”
“Es un nuevo estándar porque desde el 2006 la Corte hasta ayer la Corte sostenía que las acciones declarativas de certeza no requerían de un daño efectivo sino de un peligro inminente y no necesariamente se requiera de un juicio previo de la contraparte para solicitar una aclaración de una norma o decreto”, explicó.
En este sentido afirmó que “para la Corte el DNU no generó un daño a la provincia y declara inadmisible la solicitud del gobierno”.
Por otro lado, “a nivel político la Corte juega un rol central en la gobernabilidad de Milei” y sostuvo “Le garantiza la emergencia que se autoasigno desde el punto de vista financiero, económico, previsional, sanitario y no hay instancia judicial que permita revisar la constitucionalidad del decreto de manera íntegra”
“Es un gesto para el gobierno y le garantiza gobernabilidad en el contexto de la emergencia que declaró para el país”, finalizó Goyochea.
Fuente: Fénix