[REDACCIÓN EL FEDERAL] El intendente Armando Molina tiene un problema: necesita dinero para gestionar y diferenciarse de la fallida gestión anterior de Inés Brizuela y Doria. En ese marco, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza 6.470, que en los hechos significó un brutal aumento de los impuestos municipales, algo que ya había ocurrido en otros rubros. Por ejemplo, los vecinos pasaron de pagar $90 a $300 pesos la hora de estacionamiento en la calle.
Uno de los sectores que manifestó su descontento son los casinos, frente a un impuesto que tiene un nombre curioso: “Tasa de diversión y espectáculos públicos”. En una carta enviada a AJALAR, indicaron que pasarán de pagar al municipio por las máquinas de $5.944.120 a $33.398.400, es decir, más de un 550% de aumento.
En concreto, se aumentó la Unidad Tributaria Municipal (UTM) a $32 y en la ordenanza se estableció que por cada máquina que funciona en la capital las empresas de juegos de azar deben abonar 2.100 UTM.
Cualquiera podría caer en la tentación de creer que los impuestos al juego son algo positivo, pero en este punto se cruzan muchas variables. La primera es que, según la empresa Video Drome, a cargo de los casinos de la Plaza 25 de Mayo, no hay ningún lugar del país en el que los impuestos municipales sean mayores al canon de la licencia que otorga el gobierno provincial para los juegos de azar.
A su vez, y esto es quizás lo más debatible, el Municipio pasará a cobrar más que lo que recauda AJALAR en todo el territorio de la provincia por todas las máquinas que hay en funcionamiento.
Ante esta situación, la empresa decidió suspender transitoriamente la sala que está sobre en Pelagio B. Luna 553 y suspender a sus empleados.
Uno de los puntos destacables de la presentación es que el Municipio pretende cobrar más que la Provincia y AJALAR sin ofrecer ninguna contraprestación a cambio.
AJALAR es la única autoridad de aplicación y se trata de una actividad regulada por la Provincia. Desde la mirada de la empresa, el Municipio sólo podría cobrar por los servicios de brinda, es decir, alumbrado, limpieza, cartelería, seguridad e higiene, habilitación comercial, recolección de residuos, etc.
Ante ese panorama, pidieron la intervención de la Fiscalía de Estado, dado que la potestad de cobrar tasas municipales no es absoluta.
En la oposición, en tanto, creen que el objetivo es que Video Dome se vaya de La Rioja. “Esto ya lo vimos, ahogan a la empresa y después aparece una empresa sin antecedentes y se queda con la licencia”, sugirió un dirigente consultado para esta nota.