[REDACCIÓN EL FEDERAL] Los empleados públicos de La Rioja se preparan para empezar a cobrar parte de su salario en bonos. Aunque en agosto recibirán un extra de 50 mil chachos, se espera que la cifra aumente en los próximos meses. Detrás de ese cálculo hay un debate mucho más profundo, que se explica en esta nota, que por un lado es un desafío político del gobierno y, por otro, legal.
La ley 10.703, que autorizó la emisión de los bonos, fijó en el artículo 2 un límite del 30% al porcentaje de “obligaciones salariales” que se pueden pagar en chachos.
A su vez, el Anexo 1 del decreto reglamentario estableció cómo se debe calcular. “El porcentaje del 30% será aplicado sobre la remuneración líquida, con exclusión de litis expensas, embargos judiciales y salario familiar que le pudiera corresponder a cada agente o funcionario”, dispone.
La “remuneración líquida” a la que alude el artículo es lo que recibe el empleado después de los descuentos legales, o sea, el sueldo de bolsillo que se deposita en su caja de ahorro.
El propio artículo 3 explica que “se entiende por remuneración líquida a aquella integrada por los conceptos remunerativos y no remunerativos”. Y aclara que se incluye a la quincenita, pero se excluyen aportes obligatorios y los que se hacen para APOS y para el seguro de vida.
Un ejemplo: si un empleado cobra entre salario y quincenita $500 mil de bolsillo, pero le retienen $100 mil para pasarle alimentos a sus hijos, el cálculo debería hacerse sobre $400 mil.
Con el mismo ejemplo, si le pagan $500 mil entre salario y quincenita, pero de ese porcentaje $50 mil son por asignaciones familiares, el cálculo debería hacerse sobre $450 mil. O en marzo, cuando cobre la ayuda escolar, ese dinero no podrá ser cancelado en chachos.
El verdadero debate
No se sabe si el gobierno provincial aplicará ese tope o entregará un porcentaje menor. Según un cálculo de este medio en base a información brindada por funcionarios, con los 9 mil millones de chachos de la serie A que se emitió recientemente se le podría pagar unos 150 mil chachos a cada trabajador de la Provincia.
Naturalmente, ese escenario funciona como tope, pues en agosto los empleados públicos recibirán 50 mil chachos y no se sabe cuánto rescatará el gobierno provincial antes de la siguiente tanda de salarios ni cuál será su estrategia.
Por otra parte, y esto es clave, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo impide que los trabajadores cobren parte de su salario en bonos. Por eso el gobierno provincial lo presentará como un beneficio extra que recibirán los trabajadores.
En efecto, el artíulo 3 de ese convenio, que Argentina ratificó en 1956, establece: “Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere representativa de la moneda de curso legal”.
Ahí radica el gran interrogante que abre esta situación: cómo reaccionarán los empleados públicos. Hay dos posibilidades: que sientan que están recibiendo en chachos un aumento por encima de lo que les correspondería o que crean que les están pagando en BOCADE lo que debería ser en pesos. Ese será el gran desafío político del gobierno, una idea muy difícil de transmitir en un contexto de crisis económica.