*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
La denuncia penal recientemente presentada contra la ex presidenta de OSUNLaR, Marita Corzo, por supuesta corrupción en la obra social, contiene una serie de acusaciones concretas, que incluyen pagos a una empresa de poda por tareas que nunca se realizaron, una licitación adjudicada a la oferta más cara, sobreprecios y falsificación de documentos. Uno de los hechos que más impacta es la contratación de una empresa constructora, sin antecedentes ni empleados, y con precios aparentemente más caros de los que ofrecía por su página web, para brindar servicios de sepelio y asistencia médica, que tercerizaba en otras empresas. ¿Era un sello de goma para desviar fondos?
El 26 de octubre de 2020, Marita Corzo firmó un contrato de prestación de servicios sociales con la firma Ingeniería L4 SRL, que utilizaba el nombre comercial de Omega Servicios Sociales. La fecha es importante, porque en ese momento la empresa no parecía estar preparada para brindar ningún tipo de prestación a OSUNLaR.
Ingeniería L4 SRL había sido constituida un año y medio antes, en junio de 2019, según consta en el Boletín Oficial. Tiene dos socios: el contador Pablo Osmar Giménez y Elisa Ester del Valle Giménez, ambos acusados en la denuncia.
Primera curiosidad: la sociedad tenía por objeto en su estatuto actividades de construcción y de comercialización de materiales eléctricos y de iluminación. En efecto, en agosto de 2019 comenzó a tributar ante la AFIP por esos dos rubros. Recién en febrero de 2021, luego de la firma del contrato con OSUNLaR, sumó oficialmente la actividad de servicios fúnebres. Y hasta el día de hoy no figura nada relativo de los servicios médicos tanto en AFIP como en DGIP.
Segunda curiosidad: la fanpage de Facebook se creó el 20 de noviembre de 2020, el primer posteo de Instagram también es de esa fecha y la página web, de acuerdo a los registros a los que accedió EL FEDERAL ONLINE, se habría creado casi dos años más tarde. En otras palabras, la empresa no existía en internet cuando se firmó el contrato con OSUNLaR.
Tercera curiosidad: según la denuncia, la empresa ni siquiera tenía empleados. De hecho, en su constancia de inscripción en AFIP no aparece inscripto en el régimen de seguridad social para empleados.
¿Por qué Marita Corzo firmó un contrato con una empresa sin antecedentes ni empleados ni redes sociales que se dedicaba a otros rubros? ¿Cómo llegó la empresa a OSUNLaR? ¿Hubo lobby?
Sello de goma
Este medio pudo constatar que la empresa no prestaba los servicios directamente. Para los servicios médicos, subcontrataba a Vittal. Y para los servicios fúnebres, subcontrataba a una aseguradora con sede en Buenos Aires, llamada SFI (Servicios funerarios integrales SRL), que a su vez tenía acuerdos con las cocherías Vértice y Ombú.
Tal es así, que los teléfonos que brindaban desde el WhatsApp de contacto para emergencias fuera del acotado horario de atención son los de Vittal. Y el 0800 que daba para consultar por el servicio de sepelio es de SFI.
El número de celular que funcionaba como teléfono de contacto, (380) 470-7200, hoy está desactivado. EL FEDERAL ONLINE se acercó al local de Omega en 9 de Julio 224 y no encontró a nadie en su interior. ¿La empresa cerró tras la recisión del contrato con OSUNLaR?
Todo esto abre varias preguntas: ¿por qué OSUNLaR no celebró los contratos directamente con Vittal y con las cocherías? ¿Qué necesidad había de pagarle a tantos los intermediarios?
Omega, en definitiva, no ofrecía ningún servicio. EL FEDERAL ONLINE ya había revelado las suspicacias alrededor de esa empresa el año pasado. Este medio se comunicó con Omega en agosto de 2023 para consultar por los planes particulares que supuestamente ofrecía la empresa en su página web y la respuesta fue que sólo trabajaban a nivel corporativo.
Pero en OSUNLaR, según las fuentes consultadas, sospechan que la obra social era casi su único cliente, porque hay facturas correlativas, por ejemplo, como las que envió para cobrar en abril y mayo. O sea que entre el 3 de abril y el 2 de mayo no le facturó a nadie más. En total, la empresa hizo apenas 16 facturas entre el 1 de marzo y el 3 de julio, cinco de las cuales fueron a OSUNLaR.
Polémicos contratos y ¿sobreprecios?
La denuncia penal contra Marita Corzo, los socios de Ingeniería L4 y otras personas fue presentada por el abogado Esteban Mulleady y quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1. El escrito despliega un análisis de los sucesivos contratos firmados entre Marita Corzo e Ingeniería L4, que despiertan muchas dudas. El primer convenio, siempre de acuerdo a la presentación judicial, fue celebrado por 6 meses, renovables automáticamente. El valor fue de $5,4 millones, lo que equivalía en ese momento a unos 28 mil dólares.
Otra curiosidad para destacar, mencionada en un informe muy completo elaborado por la síndica Liliana Ortiz Fonzalida, es que el contrato no mencionaba cuántos afiliados cubría la prestación, como si fuera algo menor para determinar el precio final. ¿No importaba?
En abril del año siguiente se volvió a firmar otro acuerdo. Según la denuncia, “no fue autorizado por el Consejo Directivo” y aun así “se venía cumpliendo dado que las órdenes de pago eran autorizadas por la presidenta”. El contrato se renovó automáticamente en mayo de 2022.
En 2023, finalmente, aparecieron las denuncias por irregularidades contra Marita Corzo que terminaron con su salida de la obra social. Y en ese contexto, aseguran los denunciantes, surgió un contrato “sin que exista registro alguno en la obra social” y “sin que derivara de un acto administrativo de OSUNLaR”. ¿Cuándo se firmó? “Dos días antes de la destitución de Corzo”, dice la denuncia.
Lo único que hallaron buscando entre los papeles internos de la obra social, según comentaron las fuentes, es una resolución del 2 de marzo de 2023, en la que Corzo solicitaba la apertura de un expediente anual para pagar los gastos de emergencia y sepelio, pero que no autorizaba la firma del contrato. La denuncia subraya que el convenio no fue refrendado por el Consejo Directivo.
Lo que más llamó la atención de las autoridades de OSUNLaR es que ese contrato, de cuya existencia se habrían enterado a raíz de un reclamo de la empresa, tiene una nueva forma de calcular el precio, “mucho más onerosa para la obra social, consignándose un valor de $2.957 por afiliado que se adhiera”.
Primer dato llamativo: los pagos se hacían por adelantado, algo para nada habitual. De hecho, las obras sociales suele retrasarse muchos meses en el pago a sus prestadores.
Segundo dato más llamativo: este nuevo contrato supuestamente firmado por Corzo dos días antes de que sea apartada introdujo, según la denuncia, una cláusula que establecía que en caso de incumplimiento la parte en falta debía pagar el monto equivalente a 6 meses de servicio.
Tercer dato todavía más llamativo: hay indicios de que Omega ofrecía en su página web precios más accesibles de los que le cobraba a OSUNLaR.
A través de la aplicación Wayback Machine, EL FEDERAL ONLINE pudo establecer que, en su portal, Omega ofrecía al 24 de septiembre de 2023, planes de $2.390 por persona y de $5.390 para un grupo familiar de cuatro personas, es decir, $1.347,50 por persona.
Casi cuatro meses antes, el 1 de junio de 2023, Omega remitió a OSUNLaR una factura por más de 7 millones de pesos por la cobertura a 5.311 afiliados. Para ser exactos, $1.351 por persona.
¿Qué quiere decir esto? Que Omega le cobraba lo mismo a OSUNLaR que a sus afiliados particulares, o sea, que no le ofrecía ningún descuento pese a que alcanzaba a 5.311 personas, con el agregado de que entre junio y septiembre de 2023 hubo un 42,73% de inflación.
Recisión y demanda
Ante ese panorama, en OSUNLaR las autoridades consultadas dijeron que empezaron a recibir facturas de Ingeniería L4 que no coincidían con los montos de los contratos de los que tenían conocimiento y cuyo monto se iba incrementando mes a mes. También detectaron, según consta en un informe de la sindicatura, que había documentos que no estaban en el sistema informático interno, por lo que presumieron que habían sido borrados.
Ante ese panorama, se le pidió por mail a la empresa información para ser evaluada, incluido el estatuto de la sociedad, constancias de inscripción en AFIP y DGIP, y coberturas realizadas. La mayor parte de esa información no habría sido enviada. Y una vez que se tuvo cierta claridad, se decidió rescindir el contrato.
Por un lado, la obra social acordó directamente con San Nicolás la cobertura por sepelios y se firmó un convenio con Vittal, sin intermediarios, este último por $900 mil mensuales, más un costo de $9.500 más IVA por traslado urbano y $340 más IVA por kilómetro de traslado interurbano. En OSUNLaR aseguran que el ahorro fue millonario. La última factura que había presentado Ingeniería L4 fue de julio 2023, por $7.756.261, un monto que actualizado por inflación a julio de 2024 da $29.937.911.
Por otra parte, la denuncia asegura que Omega demandó a OSUNLaR por casi 140 millones de pesos, entre el monto reclamado y los intereses.
EL FEDERAL ONLINE intentó contactar tanto a Marita Corzo como a Pablo Osmar Giménez vía WhatsApp para que puedan brindar su versión en este artículo, pero no respondieron a las comunicaciones. Un cronista se acercó al local de Omega, pero estaba cerrado, y el teléfono que figura en su página web fue dado de baja. También se le ofreció al abogado de la vicerrectora de la UNLaR la posibilidad de tener un derecho a réplica.
Juez y parte
Marita Corzo fue al mismo tiempo vicerrectora de la UNLaR y presidente de OSUNLaR, pese a que hay una evidente incompatibilidad horaria, legal y de intereses.
Según el artículo 22 del Estatuto de OSUNLaR, la fiscalización de las cuentas y el patrimonio de la obra social está a cargo del sindico, que es designado por el Consejo Superior de la UNLaR, un órgano que Corzo integra como vicerrectora. En otras palabras, Corzo era parte del grupo de personas que designaba a quien la tenía auditar.
Pero hay algo peor. El artículo 15 establece que el Consejo Superior “ejercerá el control de la gestión y fiscalizará el cumplimiento del Estatuto por parte de las autoridades de OSUNLaR”. Es decir que Corzo no sólo era parte de cuerpo encargado de elegir al sindico que la debía auditar, sino que se debía fiscalizar a sí misma. Eso, quizás, explica mucho de lo que ocurrió en la obra social.