[REDACCIÓN EL FEDERAL] La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abstenerse de dar de baja las pensiones por invalidez de beneficiarios riojanos que habían sido suspendidas.
El anuncio fue realizado por el gobernador Ricardo Quintela a través de sus redes sociales, donde destacó que el Gobierno de La Rioja, junto con el Ministerio Público de la Defensa, dispuso “todos los mecanismos legales para defender a las personas con discapacidad y sus familias”.
“Continuaremos instando por todo el colectivo de la discapacidad, sea en el ámbito administrativo o judicial”, expresó el mandatario.
En el mismo mensaje, Quintela cuestionó duramente al gobierno nacional: “La crueldad del gobierno de Javier Milei sigue prometiendo más ajuste; no tiene reparos en dañar o perjudicar a los más vulnerables. Su prédica violenta y estigmatizante comienza a ser rechazada por un pueblo que empieza a poner límites”, dijo.
El gobernador afirmó que la decisión judicial representa un freno a las políticas de recorte que afectan a sectores sensibles de la población. “La dignidad de las personas con discapacidad es un ejemplo de ello. Seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo a nuestra gente, por más solidaridad y esperanza en el camino de la recuperación del bienestar general del pueblo”, planteó.
El trasfondo del conflicto
En los últimos meses, la ANDIS dispuso la suspensión de miles de pensiones por discapacidad en distintas provincias, lo que generó un fuerte rechazo social y político. En La Rioja, el gobierno provincial se comprometió a brindar asistencia legal gratuita a las familias afectadas.
La medida cautelar de la Justicia riojana aparece como un antecedente clave en medio de la tensión entre las provincias y la Nación por la continuidad de este beneficio.