Se cumplen diez años de uno de los episodios más controvertidos de la política y la economía riojana: la expropiación del 70% del Banco de La Rioja al Grupo ICK, decidida por el entonces gobernador Luis Beder Herrera en 2015, en el gobierno de Cristina Kirchner y la complicidad del ministro de Economía en aquel tiempo, Axel Kicillof.
El hecho tomó estado público el 22 de agosto de 2015, cuando el Banco Central de la República Argentina autorizó la operación en medio de fuertes cuestionamientos. La medida llegó tras denuncias por presuntas maniobras de lavado de dinero y operaciones sospechosas dentro de la entidad, que incluían la distribución de más de 570 millones de pesos a unas 96 ONG, de los cuales más de 300 millones fueron retirados en efectivo por ventanilla.
La operación generó un escándalo político y judicial. Mientras el gobierno provincial defendió la expropiación como un acto de “soberanía financiera”, sectores de la oposición denunciaron que se trataba de una maniobra para encubrir irregularidades. El caso incluso motivó pedidos de informes en el Congreso Nacional y fue objeto de investigaciones que, hasta hoy, mantienen puntos oscuros sin resolverse plenamente.
Diez años después, el episodio sigue siendo recordado como un hito en la historia institucional y financiera de La Rioja, marcado por la polémica, la falta de transparencia y las sospechas de corrupción.
En la actualidad, especialistas destacan que aquel conflicto abrió el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en el sistema financiero provincial y sobre los riesgos que implican las intervenciones políticas en entidades bancarias.
A una década de aquel agosto turbulento, el Banco de La Rioja continúa funcionando como banco estatal, mientras el recuerdo de su expropiación permanece como una herida abierta en la memoria política de la provincia.
