*Por Juan Pablo Parrilla
Un grupo de acreedores que asegura tener el 63% de los famosos “bonos verdes” de La Rioja, que están en default desde agosto del año pasado, denunciaron que el gobierno provincial rompió las negociaciones que entablaron entre el 4 y el 30 de junio para reestructurar su deuda. Este artículo repasa las diferencias entre las últimas propuestas de ambas partes.
Según informó en un comunicado el estudio White & Case, uno de los bufetes de abogados que lleva adelante el juicio en Nueva York contra La Rioja, las autoridades provinciales presentaron su segunda y hasta ahora última oferta el 17 de junio. Allí propusieron correr el vencimiento de los bonos 4 años, al 24 de febrero de 2029. La fecha no es casual. Sería después de un eventual segundo mandato de Ricardo Quintela y le daría a quien esté gobernado en ese momento dos años para resolver el tema.
La oferta incluye un cupón del 3% hasta agosto de 2022, luego del 4,75% por los siguiente dos años y, finalmente, del 7,75% hasta el vencimiento, con 9 amortizaciones semestrales a partir de febrero de 2025 y el reconocimiento parcial de los intereses no pagados y devengados hasta febrero de 2021.
Los bonistas consideraron que la oferta es insuficiente. En primer lugar, subrayaron que las finanzas de La Rioja no están en rojo. Según los abogados estadounidenses, La Rioja tiene actualmente un superávit de más de 169 millones de dólares y aumentó la inversión en obra pública, mientras que la deuda impaga hasta el momento son 29,2 millones de dólares de intereses. Por eso alegaron que el default es “innecesario y oportunista”.
Por otro lado, hicieron hincapié en que otras nueve provincias, como Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy, lograron acuerdos con sus acreedores. Y compararon la oferta de La Rioja con el promedio de esas reestructuraciones. Un ejemplo: las provincias aceptaron pagar en 2021 y 2022 un cupón promedio del 5,4%, el gobierno de Ricardo Quintela ofreció abonar un 3,46% y los acreedores de La Rioja quieren que sea del 5,99%. Esto quiere decir que la Provincia apunta a un alivio del 6,29%, mientras que los bonistas sólo quieren ceder un 3,76%.
El siguiente recuadro, elaborado por White & Case, muestra esas diferencias:
El grupo de tenedores de bonos está compuesto por los fondos Beauregard Holdings LLP, Crown Managed Accounts SPC, GoldenTree Master Fund Ltd, Guadalupe Fund LP y Sandglass Opportunity Fund LP. Integran la Coalición de Bonistas de Provincias de Argentina. Ya avisaron que continuarán defendiendo sus intereses con “todos los recursos legales disponibles”. Uno de ellos es un juicio ya iniciado en el Tribunal Estadounidense del Distrito Sur de New York, aunque en la provincia son conscientes de que esa jurisdicción no serviría para embargar eventuales activos de La Rioja en el exterior.
Al menos hasta el cierre de esta nota el gobierno provincial no había hecho declaraciones formales sobre el comunicado de los acreedores. Los bonos en cuestión fueron emitidos en 2017, en dos tramos de 200 y 100 millones de dólares, y en la provincia todavía hay muchas dudas sobre el destino final del dinero.
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