*Por Angel Flores
Una nota e investigación de EL FEDERAL ONLINE, tuvo gran repercusión en el ámbito judicial de La Rioja y en Buenos Aires, a tal punto qué, fuentes judiciales de este periodista aportaron datos relevantes de graves irregularidades en el juzgado Federal de la provincia, ya denunciadas y publicadas en diversas notas periodísticas por este medio, cubriendo graves casos en estrados federales a lo largo de 10 años en La Rioja.
Entre los años 2015 y 2025 se observan coincidencias significativas en el funcionamiento de la Justicia Federal de La Rioja, bajo la dirección del Juzgado Federal a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena.
Durante ese período se acumulan causas de alta repercusión institucional –ONGs, Villa Castelli (helicópteros), Milani y Apóstolo (Narcotráfico)–, todas publicadas por este medio en diversas investigaciones, que comparten actores, tiempos procesales y decisiones judiciales convergentes y resoluciones escandalosas.
En primer lugar, la superposición temporal de la Causa ONG y la tragedia de los helicópteros de Villa Castelli resulta llamativa. Ambas se inician en 2015, y en ambas interviene el mismo juez federal. En el caso de Villa Castelli, ocurrido el 9 de marzo de 2015, la investigación recayó en el Juzgado Federal de La Rioja debido a la participación de aeronaves pertenecientes al Estado provincial. Sin embargo, la instrucción (investigación de fiscalía), se dilató por una década: las pruebas se contradijeron, se perdieron peritajes y las responsabilidades se licuaron en el tiempo, “obviamente a propósito”, dijo una alta fuente del juzgado.
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El hecho central es que la Provincia utilizó un helicóptero público para una actividad privada, concretamente el rodaje del programa televisivo francés Dropped, sin que se haya establecido una responsabilidad administrativa ni penal clara. Recién en 2025 el juez dicta el procesamiento al Secretario Legal y Técnico Paredes Urquiza, (curiosamente después de una investigación de EL FEDERAL), y también concede el sobreseimiento al Secretario de Turismo Álvaro del Pino (firmante del convenio con la empresa extranjera ALP) y dicta la falta de mérito al Director de Aeronáutica Daniel Gorkich y al resto de los involucrados.
Paralelamente, la Causa ONG, también en manos del mismo juzgado, exhibe un patrón de nulidades, archivos parciales y delegaciones de investigación que diluyeron la posibilidad de determinar el destino final de los fondos públicos mientras el Expediente duerme junto al Juez Federal (los arduos trabajos del Fiscal Gonella y de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso se redujeron a la nada).
“Sacaron bolsones de dinero en ventanillas del Banco Rioja el mejor estilo Milagro Sala”, dijo un alto funcionario judicial, “para después expropiar la entidad bancaria, negocio redondo”
En ese expediente, varias organizaciones no gubernamentales habrían servido como vehículos financieros para canalizar recursos estatales y de Nación, incluso en pagos de expropiaciones y contrataciones provinciales. Esas mismas estructuras aparecen conectadas con la gestión de fondos de la Gobernación y con presuntos pagos a funcionarios judiciales, reconoció la misma fuente a este periodista, y que figuran en el expediente.
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En ese entorno operaba el auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo, posteriormente condenado a 5 años de prisión por corrupción y vínculos con narcotraficantes quien cumplía funciones dentro de la Fiscalía Federal de La Rioja. Su papel como intermediario entre el poder político y el judicial -según consta en los expedientes de su procesamiento-, y posterior condena refuerza la hipótesis de una red de tráfico de influencias y manipulación de causas penales, incluyendo las vinculadas a narcotráfico. La tolerancia o permisividad del juzgado hacia su actuación sugiere un entramado de connivencia funcional, “con fiscalía y en el escritorio de Piedrabuena”.
Primer dato de color: la causa de las ONGs, misteriosamente es la única que no está digitalizada en el sistema judicial Federal
A este esquema se suma la Causa Milani, iniciada en 2016 y en la cual el mismo juez federal dicta procesamiento y prisión preventiva contra el ex jefe del Ejército César Milani, bajo cargos de lesa humanidad. Apóstolo también está involucrado en un misterioso robo de su auto y del expediente del caso, publicado por este medio cuando fue detenido en Buenos Aires.
Años después, Milani fue absuelto en juicio oral (2019) y esa absolución fue confirmada por Casación en 2024. La decisión inicial del juez, adoptada en un contexto de fuerte presión política y mediática, y la falta de sustento probatorio posterior, permiten interpretar aquel procesamiento como parte de una estrategia de equilibrio y favores políticos, orientada a recuperar legitimidad pública tras los cuestionamientos recibidos por su desempeño en las causas ONG y Villa Castelli (Helicópteros).
Segundo dato de color: un prestigioso bufete de abogados en Buenos Aires prepara una demanda millonaria en contra del estado de La Rioja
Finalmente, el cuadro de connivencia se agrava por la existencia de vínculos familiares directos dentro del propio fuero. La hija del juez, la abogada Daniela Herrera Iturbe, desempeña funciones en la Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la Dra. María Virginia Miguel Carmona y además dirige funciones sindicales. En un sistema procesal mixto (regido por el CPPN de 1991), donde el juez puede dirigir o delegar la investigación (art. 196 CPPN), esta situación genera un conflicto de intereses manifiesto y una apariencia objetiva de parcialidad, pues el juez conserva la supervisión de causas en las que interviene su propia hija como funcionaria fiscal, “totalmente incompatible”, dijo la fuente.
Tercer dato de color: La fiscal Federal Viginia Carmona, subroga tres fiscalías. Esquel, Córdoba y La Rioja, con cede operativa en la provincia
En conjunto, estos elementos –superposición temporal de causas, uso irregular de bienes públicos (preparando otra nota), demoras injustificadas, condena de un auxiliar fiscal por corrupción y vínculos familiares dentro del mismo fuero– conforman un cuerpo de indicios convergentes que refuerzan la hipótesis de una connivencia judicial estructural, con claros vínvulos con el gobierno de turno.
El dato: no se descarta una denuncia para poner al juez Federal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
Este patrón pone en evidencia una práctica sistemática de protección recíproca entre sectores judiciales, políticos y administrativos, que compromete seriamente la transparencia institucional y la confianza ciudadana en la Justicia Federal de La Rioja.
El tiempo corre y para el juzgado Federal de La Rioja, también.