Por Ángel Flores
La Rioja – 13 de noviembre de 2025
A casi dos años de haberse iniciado una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos tiempos en La Rioja, la causa federal que involucra a 1.060 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo continúa sin avances públicos ni definiciones concretas. El expediente, impulsado por la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona en enero de 2024, apuntaba a determinar si un grupo de empleados públicos provinciales había cobrado el beneficio social de manera incompatible con sus cargos dentro de la administración estatal.
El caso estalló el 8 de enero de 2024, cuando la fiscalía solicitó al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que cite a declarar a los presuntos beneficiarios irregulares. La acusación se basó en una supuesta defraudación a la administración pública, con un perjuicio estimado al Estado nacional de más de 82 millones de pesos. La investigación también pedía indagar la posible responsabilidad de funcionarios provinciales que habrían intervenido en la asignación o supervisión de los planes.
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Sin embargo, desde entonces, la causa parece haber entrado en un prolongado silencio procesal. No se conocieron públicamente indagatorias efectivas, resoluciones judiciales, sobreseimientos ni elevaciones a juicio. Tampoco se informó de manera oficial cuántos de los 1.060 planes fueron suspendidos o dados de baja como resultado directo de la investigación.
Según fuentes de la justicia federal, el último movimiento de la causa, fue el pedido de la fiscal Carmona al juez Piedrabuena, pedir la dirección de los 1.060 sospechados, y que hasta la fecha, el gobierno no contestó el pedido.
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Fuentes judiciales consultadas admiten también que no hay información nueva disponible sobre el expediente, que sigue bajo secreto de sumario o en trámite de instrucción. En tanto, medios locales y nacionales que dieron amplia cobertura al inicio del caso hoy coinciden en que no existen novedades significativas desde el pedido inicial de indagatoria.
El contexto político y social que rodeó la denuncia fue particularmente sensible: el Potenciar Trabajo era, en 2024, uno de los programas más extendidos de asistencia social en el país, y su control fue eje de tensiones entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. En La Rioja, el caso generó fuertes repercusiones políticas por la posible participación de empleados públicos que percibían simultáneamente sueldos estatales y subsidios nacionales.
A casi 22 meses del inicio de la causa, el expediente se ha convertido en un ejemplo del lento avance de las investigaciones por presunta corrupción administrativa en el ámbito federal.
Mientras tanto, los ciudadanos riojanos y los propios involucrados permanecen en la incertidumbre: sin una resolución judicial ni informes oficiales que expliquen en qué etapa procesal se encuentra el caso.
Silencio institucional, hermetismo judicial y falta de resultados concretos son, hasta hoy, las únicas certezas visibles de una causa que comenzó con gran repercusión mediática y que, con el paso del tiempo, se fue diluyendo en el silencio de los tribunales.