*Por Angel Flores
La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona reabrió la investigación por el desvío de más de 800 millones de pesos destinados a viviendas sociales. El expediente estuvo paralizado casi una década, y ahora surge un dato explosivo: el Secretario Penal del Juzgado Federal es cuñado de uno de los principales empresarios involucrados. El juez nunca informó su situación a la Cámara ni al Consejo de la Magistratura.
Y según fuentes judiciales la causa vuelve a encender un verdadero escándalo judicial, que involucra a varios actores de la política y funcionarios judiciales, especialmente al juez Federal Piedrabuena.
La megacausa iniciada en 2016, volvió a cobrar impulso luego de que la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona retomara el expediente con apoyo institucional de la PROCELAC, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal.
El avance de Carmona expuso una tensión latente durante años en el fuero Federal riojano: la inacción judicial que mantuvo virtualmente congelada una investigación multimillonaria, hoy considerada una de las más sensibles del país, que según fuentes judiciales, puede traer consecuencias escandalosas.
La causa involucra actualmente a 228 personas físicas y cerca de 30 organizaciones, entre fundaciones, asociaciones civiles y empresas privadas, entre ellas Bosetti y Compañía S.A.
El dato: poderosos funcionarios invocrados en la causa, pusieron a disposición de las 228 personas físicas que son titulares de las ONGs, tres estudios jurídicos para que no declaren en contra cómo “arrepentidos”. Se mueven rápido.
El origen del caso se remonta a informes de la PROCELAC y la Oficina Anticorrupción de 2016, que detectaron transferencias millonarias del Banco Nación y del Banco Rioja a entidades sin fines de lucro sin justificación documental.
En 2017, el fiscal federal Horacio Salman pidió medidas clave, pero el juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena no avanzó. Tras la muerte de Salman en 2018, el magistrado fue por más, anuló el requerimiento y el expediente quedó archivado.
La causa estaba a solo un paso de la prescripción: 1 de marzo de 2026, fecha en la que se cumplían 10 años de la denuncia original.
Ahora, la investigación reveló un hecho de enorme gravedad institucional.
El Secretario Penal del Juzgado Federal, José Combina, es cuñado de Néstor Bosetti, empresario vinculado a las fundaciones investigadas
Esa relación debió ser comunicada de inmediato a:
- la Cámara Federal de Apelaciones,
- el Consejo de la Magistratura,
- Y debía motivar el apartamiento del juez y del propio secretario.
Pero no ocurrió nada de eso.
En cambio, el juzgado anuló medidas, frenó el avance del expediente y permitió que pasaran los años rumbo a la prescripción. Funcionarios judiciales consultados consideran este hecho como uno de los conflictos de interés más graves registrados en la Justicia Federal riojana.
El impulso de Carmona y el nuevo contexto nacional
Cuando la fiscal María Virginia Miguel Carmona retomó la causa, incorporó documentación desestimada en 2017 y realizó un análisis integral con apoyo técnico de la Procuraduría General de la Nación.
Según fuentes fiscales, el triunfo legislativo de Javier Milei generó un cambio de clima institucional que permitió que la Procuración a avanzar sobre causas provinciales vinculadas a la llamada “Ruta del dinero K“, ONG creadas para triangular fondos, retiros en efectivo en el Banco Nación y bancos provinciales, y convenios de obra pública durante la gestión de Julio De Vido y el gobernador de La Rioja en esos años, Beder Herrera.
Carmona reconstruyó todos los circuitos financieros del programa de viviendas: transferencias a fundaciones, pagos intermediados, convenios, órdenes de pago y rendiciones. Su trabajo reactivó un expediente “que estuvo a punto de cerrarse”, según revelaron las fuentes judiciales.
Esta “reactivación”, puso hasta el compromiso a la fiscal a no dar marcha atrás, y proceder e investigar a todos los funcionarios involucrados en la millonaria maniobra de corrupción.
El juez Piedrabuena ahora bajo la mirada pública
Por primera vez desde 2016, la causa avanza con un plan de investigación coherente, documentado y monitoreado, según las fuentes a este periodista.
La responsabilidad recae ahora sobre el juez Herrera Piedrabuena, quien deberá explicar:
- por qué no avanzó en casi una década,
- por qué anuló el requerimiento del fiscal Salman,
- y por qué nunca informó el conflicto de interés de su Secretario Penal.
La fiscalía, al exponer estas irregularidades, dejó al descubierto una fractura institucional que permaneció oculta durante años entre el juez Federal y la fiscal Carmona.
Cómo conclusión se puede deducir que el avance de la fiscal Carmona no solo reactivó una causa millonaria sino que instaló “un escándalo que compromete al Juzgado Federal de La Rioja, y a varios funcionarios políticos de esos años, no se salva nadie”, dijeron.
La combinación de inacción, decisiones procesales cuestionadas y “un conflicto de interés no declarado podría derivar en responsabilidades y medidas disciplinarias muy graves para las autoridades judiciales involucradas”, finalizaron.
