Por Angel Flores
La comparación entre el caso de los bolsos de dinero de Milagro Sala en Jujuy y la causa de las ONGs en La Rioja no solo muestra similitudes: muestra un sistema. Un sistema que funciona igual en provincias distintas, con gobiernos distintos y con operadores distintos. Un sistema donde los fondos sociales —que deberían aliviar la pobreza— terminan convertidos en combustible para la política, la militancia rentada o, directamente, el enriquecimiento personal.
Lo que pasó en Jujuy y lo que pasó en La Rioja es prácticamente lo mismo, solo que con leves diferencias
En Jujuy todo fue evidente: los bolsos cargados de dinero, los videos, los testimonios, las viviendas que nunca se construyeron. La Tupac Amaru se transformó en un aparato paralelo que manejaba fondos millonarios sin control. Y Milagro Sala, con su estructura, concentraba poder real. La Justicia actuó porque no le quedó otra. La presión pública, la repercusión internacional y la dimensión del escándalo fueron tan contundentes que cualquier intento de encubrimiento era imposible. Las condenas llegaron porque había demasiada evidencia como para ser ignorada.
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En La Rioja la historia es la misma, pero sin cámaras. ONGs creadas para justificar programas inexistentes, listados de beneficiarios armados para cobrar subsidios que nunca llegaron a manos reales, millones de pesos de Nación que viajaron sin control, y funcionarios que avalaron cada paso. Lo único que falta son los bolsos filmados. Lo que sobra es documentación que apunta al mismo patrón: una maquinaria diseñada para absorber dinero público sin que nadie se haga cargo. No hubo imágenes explosivas, pero hubo algo peor: un silencio institucional escandaloso, y la complicidad de un juez Federal.
Porque si algo distingue al caso riojano es la pasividad judicial. A diferencia de Jujuy, acá no hubo detenciones, no hubo allanamientos resonantes, no hubo titulares nacionales. Hubo años de quietud, de expedientes guardados debajo de otras pilas, de funcionarios que nunca fueron llamados a explicar nada, de responsables políticos que jamás sintieron presión alguna. Mientras en Jujuy el avance judicial fue inevitable, en La Rioja la inacción fue funcional.
Y cuando la Justicia es funcional a la política, lo que se protege no es la verdad: es el negocio
El mecanismo fue idéntico: fondos de asistencia social derivados a estructuras intermediarias, controles inexistentes, rendiciones armadas para justificar gastos ficticios y funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que todo ocurriera. Es el mismo manual aplicado en distintas geografías. Con un agravante: en La Rioja, la falta de exposición mediática permitió que el expediente se enfriara hasta casi desaparecer del debate público.
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Lo más grave es que estas prácticas no son casos aislados. Son parte de un sistema de corrupción que se alimenta del abandono estatal, de la pobreza estructural y del uso político de la ayuda social. Mientras los gobiernos hablan de inclusión y derechos, los fondos que deberían llegar a los sectores vulnerables se transforman en una caja negra sin auditorías, una caja donde entran millones y salen migajas. No se trata de Milagro Sala o de un puñado de ONGs riojanas. Se trata de un mecanismo nacional que permite desviar dinero sin consecuencias.
La pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es qué se va a hacer. Si La Rioja seguirá siendo la excepción silenciosa donde nadie investiga, o si finalmente la Justicia aplicará el mismo criterio que en Jujuy y revelará la trama completa de responsabilidades políticas. Porque si la Justicia solo actúa cuando hay cámaras, y se duerme cuando nadie mira, no es Justicia: es complicidad.