Así lo requirió la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, en el marco de un expediente en el que se investiga a más de 200 personas físicas y a 29 personas jurídicas. En su dictamen, la representante del MPF describió el esquema presuntamente orientado a canalizar recursos estatales a través de fundaciones y organizaciones sin actividad o con objetos sociales genéricos entre 2013 y 2016. Requirió, además, que sea la justicia federal quien encare la investigación tanto por el posible lavado de activos como los presuntos delitos precedentes.
La Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la fiscal María Virginia Miguel Carmona, solicitó hoy que se amplíe la declaración indagatoria a 76 personas en el marco de una megacausa donde se investigan el desvío de fondos públicos entre 2013 y 2016. La maniobra, según surge de la investigación, habría superado los 800 millones de pesos.
La causa involucró al comienzo a más de 200 personas físicas y 29 personas jurídicas, lo que la convirtió en el caso más grande de la historia de la provincia sobre investigaciones de corrupción. Con el avance de las medidas y las indagatorias, la fiscal Miguel Carmona solicitó ahora el sobreseimiento de 125 individuos, ya que se corroboró que no formaron parte de la trama delictiva y que, en muchos casos, sus firmas habían sido falsificado.
Según la denuncia, los imputados habrían desarrollado un megaesquema presuntamente orientado a canalizar recursos estatales a través de fundaciones y asociaciones civiles que, en algunos casos, no registraban actividad o que no justificaron debidamente el destino de los fondos públicos que le fueron otorgados.
En ese sentido, se investiga si dichas entidades involucradas fueron utilizadas como vehículos para desviar el dinero proveniente de las arcas públicas, eludiendo los mecanismos ordinarios de contratación, licitación y control.
La imputación es por la defraudación a la administración pública. Además, a los funcionarios se les atribuyeron los delitos de incumplimiento y violación a los deberes y las negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente acumula en la actualidad más de 26 cuerpos, 22 anexos y múltiples cajas con documentación que alcanzan alrededor de 20 mil fojas, que la fiscalía incorporó y analizó para formular las imputaciones en contra de las organizaciones no gubernamentales.
El origen del caso
La causa se inició el 26 de febrero de 2016 a través de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) donde se había referencia a 22 Reportes de Operación Sospechosa (ROS) remitidos por el Nuevo Banco de La Rioja S.A. a la Unidad de Información Financiera (UIF). Allí se alertaba sobre acreditaciones millonarias de fondos públicos en cuentas de asociaciones y fundaciones locales, seguidas de retiros en efectivo sin respaldo documental.
En la ampliación de la investigación, se describió un patrón reiterado detectado en las primeras indagatorias: la incorporación de personas como “socios” en actas constitutivas sin su intervención real, con firmas presuntamente falsificadas o certificadas en hojas en blanco.
Tras un primer requerimiento que fue declarado nulo (realizado por el fallecido fiscal Horacio Salman), en el caso se recabaron más elementos probatorios para precisar el esquema de corrupción denunciado. En ese sentido, se analizó no solo la documentación bancaria sino también los ROS que remitió el Nuevo Banco de La Rioja S.A a la UIF, donde se detallaron las acreditaciones de fondos públicos en cuentas de asociaciones y fundaciones. Allí estaban individualizadas las cuentas, los firmantes autorizados a retirar dinero, las fechas y los montos que retiraron, tanto a través de extracciones en efectivo como de pagos por ventanilla y transferencias internas.
Tras esto, la fiscalía a cargo de Miguel Carmona ordenó diversas medidas que fueron ejecutadas por la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) de Gendarmería Nacional, donde se constataron que múltiples domicilios -que habían sido declarados como sedes de las entidades- no tenían actividades institucionales visibles, además de otras inconsistencias administrativas y fiscales.
En el expediente, también se recolectaron las constancias y actas que establecieron las autoridades y los cargos de las organizaciones apuntadas. A ello le añadieron los informes de PROCELAC, la solicitud de investigación preliminar promovida ante el Banco Central y los convenios e informes ministeriales y de la Administración Provincial de Vivienda de La Rioja.
De esa forma, se pudieron reconstruir los vínculos operativos y patrimoniales entre fundaciones, empresas y funcionarios públicos, con el objetivo de contextualizar la operatoria bancaria investigada. En ese tramo, colaboró la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
Los requerimientos del MPF
En un primer dictamen, presentado el 7 de noviembre pasado, la fiscal Miguel Carmona describió en profundidad las maniobras delictivas investigadas, el período analizado y el monto que, de forma preliminar, asciende a los 837.166.279,48 pesos (equivalentes a poco más de 64 millones de dólares a la cotización del dólar oficial de 2015).
Allí se explicó que las entidades recibieron fondos que en algunos casos superaron los 20 millones de pesos en períodos muy cortos de tiempo y sin que se presentara la documentación respaldatoria sobre la ejecución de los programas financiados. La mayoría de esos fondos fueron retirados en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad del dinero y lo que constituyó una contravención de las políticas de prevención de lavado de activos.
En el análisis que se realizó de las fundaciones involucradas en la trama delictiva, se pudo identificar que la mayoría tenía “objetos sociales vagos y generales” y sin ninguna precisión ni adecuación a los fines declarados. Como parte de eso, el MPF indicó que los estados contables presentaban diversas falencias graves: un capital inicial nulo, la inexistencia de activos, la ausencia de bienes de uso e ingresos exclusivamente públicos que coincidían con los egresos sin respaldo documental.
La causa involucró al comienzo a más de 200 personas físicas y 29 personas jurídicas, lo que la convirtió en el caso más grande de la historia de la provincia sobre investigaciones de corrupción.
Además, se detectó que varias personas ejercían como directivos en múltiples de las entidades cuestionadas, alternándose en sus roles, lo que para la fiscalía evidenció un esquema de control común. A su vez, se resaltó que algunas organizaciones fueron constituidas poco tiempo antes de recibir los fondos, como fue el caso de la Fundación Futuro, creada en noviembre de 2013 y que recibió 20 millones de pesos en dos meses.
En varios de los casos analizados, los montos informados por el Banco de La Rioja eran superiores a los que las propias entidades declaraban haber recibido, lo que sugeriría una subdeclaración de operaciones sospechosas.
En el requerimiento de instrucción presentado hoy ante el Juzgado Federal de La Rioja, la fiscalía profundizó la individualización de roles en cada entidad, con el foco en los firmantes bancarios, las cuentas y los montos.
En la ampliación de la investigación, se describió un patrón reiterado detectado en las primeras indagatorias: la incorporación de personas como “socios” en actas constitutivas sin su intervención real, con firmas presuntamente falsificadas o certificadas en hojas en blanco, y permanencias estatutarias previas al período investigado. A partir de esos elementos fue que la fiscalía postuló sus sobreseimientos.
Lavado de activos
Dentro del segundo dictamen, se indicó que la investigación se lleva adelante en el fuero federal debido a la figura de lavado de activos y a la “conexidad funcional” con los hechos precedentes que se analizan como posible origen ilícito de los fondos.
“Separar jurisdicciones para ‘probar’ la base del lavado en causas provinciales y ‘juzgar’ el lavado en la justicia federal ciertamente fragmentaría la cadena probatoria y expondría al riesgo de decisiones contradictorias”, sostuvo en el dictamen la fiscal Miguel Carmona.
Fuente: Fiscales.gob.ar