[REDACCIÓN EL FEDERAL] La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un proceso de conciliación entre la Provincia de La Rioja y el Estado Nacional, en el marco de la demanda iniciada por la provincia para que se reconozca el histórico reclamo por el punto de coparticipación perdido en 1988. La audiencia fue fijada en el expediente CSJ 1787/2017 y representa el primer gesto institucional en años para encauzar una disputa que atraviesa gobiernos, ideologías y décadas de reclamo político y jurídico.
El gobernador Ricardo Quintela celebró públicamente la decisión del máximo tribunal. En una serie de mensajes difundidos este lunes, afirmó que se trata de “un paso histórico” y recordó que la pelea por los fondos “no depende de quién gobierne, porque nace de la convicción de que nadie puede quitarnos lo que nos pertenece”.
“La Rioja no pide privilegios. Pide equidad”, escribió el mandatario. Sostuvo que los fondos forman parte de “lo que hoy el gobierno nacional nos niega con convocatorias selectivas al diálogo”, y que la apertura judicial del proceso de conciliación es “un acto de respeto hacia nuestra identidad federal y hacia cada familia riojana”.
El origen del conflicto: el punto perdido y 36 años de reclamo
La controversia tiene un momento clave: 1988, cuando se sancionó la ley 23.548. Hasta entonces, la distribución de los impuestos coparticipables se hacía mediante parámetros dinámicos establecidos en la ley 20.221, vigente desde 1973. Esa norma asignaba los fondos en función de la población, la brecha de desarrollo y la dispersión demográfica, un esquema que beneficiaba a provincias con menos infraestructura, baja densidad poblacional y escasa riqueza natural, entre ellas La Rioja.
La ley 23.548 cambió ese esquema y fijó porcentajes rígidos para cada jurisdicción. A La Rioja le asignó el 2,15% de la masa coparticipable. El impacto fue inmediato: la provincia sostuvo que la modificación la dejó en “déficit permanente”, al punto de requerir auxilios nacionales incluso para afrontar gastos básicos. Esa situación fue señalada en su momento por el exsenador Eduardo Menem, quien impulsó la creación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), integrado por tres puntos porcentuales de la coparticipación, para asistir a las provincias con desequilibrios financieros.
Desde entonces, los fondos extras que Nación transfirió a La Rioja se volvieron una práctica habitual. El reclamo jurídico de fondo plantea que esos aportes deben reconocerse como un derecho adquirido, equivalente a aquel punto perdido en 1988.