[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Gobierno de la Provincia recuperó en Chamical dos viviendas del barrio Daniel Elías, adjudicadas en 2022, tras constatar —según informó el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social— que no estaban ocupadas por sus beneficiarios y que existía falta de pago en las cuotas correspondientes. Pero uno de los casos derivó en un fuerte conflicto: una de las adjudicatarias denunció que fue desalojada “mientras sus hijos lloraban”, y aseguró que casi no estaba en el domicilio porque trabaja mañana y tarde.
Según la información oficial, el ministro Ariel Puy Soria indicó que la política de recuperación de unidades habitacionales para casos de incumplimiento “se profundizará en Capital y en los 17 departamentos de la provincia”, con el objetivo de garantizar que las viviendas cumplan su función social.
El procedimiento oficial
De acuerdo al delegado de Vivienda en Chamical, Sergio Brizuela, el proceso se inició tras denuncias de vecinos que señalaban que algunas casas no eran habitadas por sus adjudicatarios. Con ese antecedente, se abrió un expediente administrativo, se emitieron intimaciones y se exigió la regularización de la ocupación y de la deuda. Al no registrarse respuesta favorable, se procedió a la recuperación por vía judicial.
Brizuela explicó que las acciones forman parte de controles habituales para resguardar el patrimonio social del Estado y garantizar que las viviendas sean utilizadas por familias que realmente las habiten.
La versión de la mujer desalojada
Uno de los casos generó conmoción en la ciudad. En declaraciones difundidas a través de una publicación en Facebook, una adjudicataria afirmó que fue desalojada este jueves mientras se encontraba llevando a sus hijos menores a la escuela. Según su relato, recibió un llamado de su hijo de 14 años avisándole que había presencia policial en la casa.
Al regresar, dijo haberse encontrado con un operativo que la obligó a retirarse del lugar. “Me sacaron todo mientras mis hijos lloraban”, aseguró, y sostuvo que los agentes “solo actuaron como les pidieron”. También denunció que en ese momento se cambió la cerradura, impidiéndole reingresar a la vivienda.
La mujer afirmó que pagaba las cuotas desde hacía cinco años y que construyó y mejoró la vivienda con esfuerzo personal. Explicó que enfrenta denuncias por “no estar casi nunca en la casa”, algo que atribuyó a sus extensas jornadas laborales: “Trabajo mañana y tarde, por eso no estoy siempre, pero invierto cada peso en mi hogar”, sostuvo.
La vecina dijo que continuará con las gestiones para intentar recuperar la vivienda y agradeció el apoyo recibido. También deslizó que detrás del procedimiento habría “una persona que apuró todo”, aun sabiendo —según su versión— que dejaría a una familia sin hogar.
La postura del Gobierno
Desde el Ministerio de Vivienda reiteraron que toda adjudicación lleva consigo la obligación de habitar la vivienda y pagar las cuotas, requisitos que —según la documentación oficial— no se habrían cumplido en este caso. El ministro Puy Soria insistió en que el pago retroalimenta el fondo de reintegro que permite continuar obras habitacionales en toda la provincia.