Por Angel Flores
En los pasillos de la Policía de La Rioja circula un clima espeso, cargado de desconfianza y miedo. Efectivos de distintos rangos, que pidieron estricta reserva de identidad por temor a represalias, describen un entramado de presuntas irregularidades, manejos discrecionales y decisiones que —según sus palabras— han llevado a la institución a uno de sus momentos más oscuros. Las acusaciones apuntan directamente al jefe de Policía, Alberto Castillo, y al ministro de Seguridad, Miguel Zárate, a quienes señalan como responsables de un sistema que mezcla silencios forzados, fondos opacos y beneficios personales.
La semana pasada, una reunión convocada por Castillo a las 21:00 tomó por sorpresa a varios directores de la plana mayor. Allí, según las fuentes consultadas, el jefe dejó en claro una regla que resonó como amenaza: cualquier reclamo o queja expresada en redes sociales sería castigada con sanciones severas. La advertencia, transmitida de forma directa y sin espacio para cuestionamientos, fue interpretada como un intento de blindar la gestión y evitar filtraciones sobre el deterioro institucional que describen los uniformados.
En ese mismo encuentro se ventiló un dato alarmante: las nuevas unidades móviles entregadas recientemente se encuentran sin póliza de seguro porque —siempre según la información interna— el Gobierno no pagó las coberturas. El hecho de que vehículos oficiales estén circulando sin seguro no solo viola normas básicas de seguridad administrativa, sino que expone a la fuerza y a la ciudadanía a un riesgo grave. Para quienes conocen el funcionamiento financiero del Ministerio, se trata de un síntoma de una gestión improvisada y sin control, dijeron.
Pero el seguro impago es apenas la superficie visible de una trama más amplia. Dentro de la fuerza crece la sospecha sobre el destino de los fondos que ingresan por distintos canales: multas de tránsito, contravenciones, plantas verificadoras, cánones provenientes de cuentas bancarias oficiales y hasta intereses derivados de descuentos internos sobre haberes. Efectivos consultados afirman que no existen rendiciones claras ni reportes auditables sobre estas sumas, lo que alimenta la percepción de una administración hermética, discrecional y sin transparencia.
Las denuncias internas también apuntan hacia la vida privada del jefe de Policía. Se menciona el caso de su exesposa, quien —según estas versiones— reside en Córdoba y, aun así, percibe haberes como personal activo, sin licencia médica ni tareas asignadas en La Rioja. También se afirma que habría sido ascendida pese a no cumplir funciones en la provincia. Estos señalamientos, de confirmarse, implicarían un uso irregular del escalafón y un manejo discrecional de beneficios dentro de la institución.
En paralelo, aparece otro tipo de acusación que mezcla jerarquía, poder y favores: un grupo de efectivos estaría realizando trabajos de albañilería en la vivienda de una mujer vinculada al jefe, presuntamente sin pago y como parte de un sistema de intercambios informales. Este tipo de situaciones, de comprobarse, no solo rozan la ilegalidad sino que profundizan la percepción de una conducción que utiliza recursos humanos de la institución para fines privados.
“Además hizo nombrar en la policía, a sus dos hijas como personal civil de planta permanente, sin haber tenido previamente ninguna tarea o función en la fuerza, cuando existen en otras áreas específicas de la policía profesionales que todavía están como contratados desde hace varios años, y no pueden conseguir su pase a planta”, dijeron a nuestro medio.
“Además hizo nombrar en la policía, a sus dos hijas como personal civil de planta permanente, sin haber tenido previamente ninguna tarea o función en la fuerza”
Agregaron además que “Castillo, hace unos años con cierta complicidad de la asesora policial, hizo cambio de domicilio para milagro (lugar donde es oriundo) con el solo fin de percibir una bonificación especial del 50% del sueldo básico (desarraigo en compensación por vivienda). Todos en la policía, saben que Castillo, siempre desde su nombramiento en la policía tiene residencia laboral en la capital.
Aquí tiene sus dos viviendas, aquí formó su núcleo familiar”.
El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, tampoco queda al margen. Desde distintos sectores se sostiene que el dinero proveniente de multas encuadradas bajo el artículo 840 se cobra exclusivamente en efectivo y sin recibos, para luego ser entregado directamente en su despacho. La existencia de estos circuitos paralelos, completamente por fuera de los procedimientos administrativos habituales, es una de las denuncias más delicadas por el nivel jerárquico involucrado.
Quienes aportaron la información describen a Castillo y Zárate como funcionarios que han acumulado poder y recursos a costa de una institución debilitada y de una tropa que enfrenta recortes, atrasos y un deterioro constante de sus condiciones laborales. Hablan de jefes “enriquecidos”, aunque estas afirmaciones aún carecen de documentación respaldatoria y constituyen, por ahora, denuncias internas que requieren verificación judicial o administrativa.
El dato de las fuentes: “El jefe de policía mantiene en la cochera exclusiva de la jefatura, un vehículo marca citroen, el cual se hizo dar por un juez amigo, en carácter de depositario judicial, solo lo usa en ocasiones especiales. Está flojo de papeles, Pero tiene una autorización del juez para usarlo solo él.
Ésa gestión lo hizo a través de su contacto en investigaciones, gente que le trabaja para el en tareas especiales”.
Y entre los varios testimonios de irregularidades, dijero que “en el área de finanzas de la policía, puso gente de su confianza y laderos que cubren sus maniobras. Son los que buscan el dinero del banco hipotecario, Crío. Ivan luna, Crio. Dardo Ortiz y Crio. Luis Quintero (secretario privado)”.
“Todos los meses envía a estos secuaces al banco hipotecario y retiran dinero en efectivo que le entrega la propia contadora del banco Analía Zuppo. Son varios millones”, dijeron a nuesto medio
El resultado de este clima es una fuerza paralizada por el temor, donde muchos efectivos evitan hablar por miedo a sanciones, traslados o represalias directas. La sensación dominante es que la institución atraviesa una etapa crítica, marcada por el silenciamiento, la opacidad financiera y decisiones que, lejos de fortalecer la seguridad pública, erosionan la confianza de quienes deberían garantizarla.
Este informe surge de voces que, pese al miedo, consideran que la ciudadanía debe conocer lo que ocurre puertas adentro. Voces que piden investigar, auditar y poner luz sobre una estructura que, según su visión, ha dejado de responder al interés público para convertirse en un espacio administrado por unos pocos.
El desafío ahora recae en las autoridades políticas, los organismos de control y la justicia: determinar si detrás de estas denuncias hay una red de irregularidades reales o si el deterioro institucional es aún más profundo de lo que se percibe desde afuera.