[REDACCIÓN EL FEDERAL] El cambio de la empresa de seguridad privada en el Hospital Enrique Vera Barros derivó en un fuerte cruce público entre el director del nosocomio, Gabriel Goitea, y el representante del gremio UPSAB, Leo Vera, con denuncias cruzadas por agresiones, presuntas irregularidades laborales y cuestionamientos sobre la representación gremial de los trabajadores. Las declaraciones fueron realizadas en entrevistas brindadas a Radio Fénix.
Por un lado, Goitea sostuvo que durante el traspaso de la firma de seguridad —que se realizó tras una licitación pública— se produjeron incidentes en los accesos al hospital, cuando un grupo de personas intentó impedir el ingreso del nuevo personal. Según indicó, tres trabajadores debieron ser asistidos tras ser agredidos.
“Ha habido tres personas que han tenido que ser asistidas porque no les permitían el ingreso y los habían golpeado”, afirmó el director, quien advirtió que bloquear accesos en un servicio esencial como la salud pone en riesgo a pacientes y trabajadores.
En ese marco, Goitea aseguró que el hospital no puede tolerar ese tipo de situaciones y remarcó que se están tomando medidas para evitar nuevos episodios de tensión. Además, cuestionó la representatividad del gremio involucrado, al señalar que los empleados de seguridad no pertenecerían a un sindicato con personería gremial, sino a una agrupación.
La respuesta llegó de parte de Leo Vera, referente de UPSAB, quien desmintió esa afirmación y aseguró que el gremio sí cuenta con personería gremial, hecho que —según explicó— quedó demostrado al haber sido citados formalmente por la Secretaría de Trabajo.
“Si fuéramos una agrupación, no hubiéramos sido citados”, sostuvo, en referencia a la audiencia en la que participaron también las empresas involucradas en el servicio.
Vera apuntó además contra el manejo del recambio de empresas, al denunciar que los trabajadores de seguridad habrían sido obligados a renunciar para poder ser incorporados por la nueva firma, Omega, de origen tucumano, que reemplazó a Prevenir.
“Les dijeron que si no renunciaban, quedaban afuera”, afirmó, y calificó esa práctica como un fraude laboral, ya que —según explicó— deja a los empleados sin antigüedad ni derechos adquiridos, en una situación de alta vulnerabilidad frente a posibles despidos.
Finalmente, el dirigente gremial cuestionó con dureza las prioridades de la conducción del hospital. “Está más preocupado por la seguridad privada que por los enfermos oncológicos que no reciben su medicación”, señaló, y consideró que la situación evidencia un desequilibrio grave tanto en la atención a los trabajadores como a los pacientes.
El conflicto continúa abierto y expone tensiones laborales, gremiales y de gestión en uno de los principales hospitales públicos de la provincia, mientras intervienen las autoridades competentes para intentar encauzar la situación.