[REDACCIÓN EL FEDERAL] El abogado Enrique Cabrera, defensor de Alexis Aguilar, propietario de los departamentos donde fueron halladas cámaras ocultas, salió públicamente a responder las acusaciones que rodean el caso que generó una fuerte conmoción en La Rioja y que mantiene al acusado detenido por orden judicial.
En declaraciones a Radio Fénix, el letrado aseguró que su cliente no cuenta con respaldo político ni exposición pública que pueda influir en el curso de la causa. “Mi cliente no es una persona expuesta políticamente; si así fuera, ya estaría en libertad”, afirmó, al plantear lo que consideró un trato desigual dentro del sistema judicial.
Cabrera sostuvo que la defensa mantiene la presunción de inocencia de Aguilar y que se encuentra colaborando con la Justicia para esclarecer los hechos. Según explicó, no existirían pruebas concluyentes que acrediten de manera directa la responsabilidad del acusado en la instalación de los dispositivos de filmación, y remarcó que la causa aún se encuentra en etapa de análisis de evidencias y peritajes.
Además, cuestionó con dureza la exposición mediática del caso y advirtió sobre el riesgo de emitir condenas anticipadas. “Hay un clima de juicio social previo que no ayuda a garantizar el debido proceso”, expresó, y pidió cautela hasta que avance la investigación judicial.
Finalmente, el abogado manifestó su expectativa de que, con el avance de la causa, se puedan delimitar responsabilidades reales y que la Justicia adopte las medidas que correspondan “conforme a derecho”, sin presiones externas ni especulaciones políticas.
Una causa que podría ampliarse
Las declaraciones del defensor contrastan con lo expuesto por la querella, que días atrás advirtió que la causa podría ampliarse ante la posible aparición de nuevas víctimas. Así lo confirmó el abogado querellante Sergio Gómez, representante legal de las jóvenes denunciantes.
Según indicó, de la investigación preliminar surge que Aguilar seleccionaba deliberadamente a sus inquilinas, alquilando únicamente a mujeres jóvenes, en su mayoría provenientes del Interior provincial y dentro de una franja etaria específica. Para la querella, ese patrón refuerza la hipótesis de un accionar sistemático y planificado.
Gómez describió que las víctimas habrían sido filmadas de manera permanente dentro de sus domicilios. “Las grababa las 24 horas, como si fuera la casa de Gran Hermano”, sostuvo, al referirse a la magnitud de la vigilancia a la que habrían sido sometidas.
Vacíos legales y primeros errores
Actualmente, Aguilar permanece detenido acusado de violación de domicilio en concurso real por tres hechos, delito cuya pena máxima es de dos años de prisión. No obstante, desde la querella señalaron una falencia del sistema penal, al advertir que no existe una figura que describa con exactitud este tipo de conductas vinculadas al espionaje íntimo mediante cámaras ocultas.
También se cuestionaron las primeras actuaciones judiciales, al considerar que en una instancia inicial falló el acompañamiento a las víctimas tras la radicación de las denuncias.
Cómo se inició la investigación
El caso se conoció luego de que al menos tres estudiantes denunciaran en la comisaría Séptima que el propietario de un complejo de departamentos, ubicado en Carlos Gardel al 9000, en el barrio Luis Vernet, había colocado cámaras en los tragaluces de las viviendas, con acceso directo a los dormitorios.
Una de las jóvenes logró acceder a la memoria de una de las cámaras, donde constató la existencia de los videos. Además, las denunciantes señalaron que el propietario tenía copias de las llaves de los departamentos y sospechan que ingresaba sin autorización.
“Riesgo extremo” y violencia de género
La fiscal Nadia Schargrodsky solicitó la detención del acusado y advirtió que las víctimas se encontraban en una situación de “riesgo extremo” si Aguilar permanecía en libertad. La causa es tramitada por la jueza Gisela Flamini.
El Ministerio Público Fiscal ordenó peritajes sobre computadoras, cámaras y CDs secuestrados, además de una evaluación interdisciplinaria para determinar posibles índices de peligrosidad. En su planteo, la fiscal sostuvo que los hechos investigados constituyen una agresión en un contexto de violencia de género, y reclamó una respuesta urgente del Estado.
También se dispusieron medidas de protección para las víctimas, entre ellas la prohibición de contacto y de difusión de imágenes o videos vinculados a su intimidad.
Mientras la defensa denuncia una “condena mediática” y la querella insiste en un accionar sistemático, la investigación continúa abierta y no se descarta que más mujeres se presenten a denunciar, ampliando una causa que sigue generando fuerte impacto social en la provincia.