Por Angel Flores
La denuncia periodística que El Federal publicó el 7 de diciembre de 2025 bajo el título “Informe Especial: La Red de Sombras en la Policía de La Rioja” puso al descubierto un entramado de graves irregularidades, manejos opacos de fondos, enriquecimiento sospechoso de altos mandos y prácticas que erosionan la institucionalidad dentro de la fuerza policial provincial.
Según el relevamiento de fuentes internas —muchas de ellas bajo reserva por temor a represalias—, la Policía de La Rioja vive un clima de miedo, silencio forzado y autoritarismo desde la cúpula. Entre las acusaciones se señalan:
- Fondos sin control ni rendición auditables, provenientes de multas, contravenciones y cuentas oficiales, que no habrían tenido supervisión alguna.
- Un jefe de Policía y un ministro de Seguridad señalados directamente, acusados de manejar de manera discrecional recursos, favorecer a familiares y disponer de personal para trabajos privados.
- Vehículos oficiales sin seguro, pese a circular en la vía pública, y asignaciones irregulares de beneficios y cargos dentro de la fuerza.
- Nombramientos arbitrarios, como el de familiares sin antecedentes ni funciones claras, que profundizan la percepción de clientelismo y nepotismo institucional.
Lo que diferencia esta denuncia de otros escándalos es su alcance: no se trata de hechos aislados o meras quejas internas, sino de acusaciones que apuntan a la cúspide de la seguridad provincial, señalando directamente al ministro de Seguridad y a la cúpula policial.
Silencio judicial ante la gravedad de la denuncia
Pese a la contundencia de los señalamientos y a la amplia repercusión pública y mediática que el informe generó en La Rioja, ningún fiscal ni juez —ni federal ni provincial— tomó el caso de oficio. Hasta el momento, no se registra intervención judicial activa motivada por estas acusaciones de magnitud institucional.
La ausencia de acción por parte del Ministerio Público y de los tribunales plantea un interrogante inquietante: ¿por qué ante posibles irregularidades graves que implican a altos mandos de la fuerza de seguridad no hay una investigación penal en curso? La falta de impulso de oficio por parte de los fiscales y jueces habilita toda clase de especulaciones, incluida la de una posible protección hacia los investigados.
No es menor recordar que, en otras jurisdicciones del país, causas sensibles han avanzado gracias a la acción de los fiscales al detectar indicios de delito y a jueces dispuestos a actuar. En este caso, sin embargo, la inacción parece ser la regla.
Críticos y analistas de la escena riojana sostienen que la falta de respuesta judicial ante esta denuncia no solo es injustificable, sino que refuerza la percepción de impunidad y de captura del sistema de justicia por parte del poder político provincial. La coincidencia temporal entre la publicación del informe y la ausencia de medidas procesales por parte del Ministerio Público Fiscal y de los tribunales solo profundiza la percepción de una justicia paralizada o cómplice.
NOTA RELACIONADA: Informe Especial: La red de sombras en la Policía de La Rioja
Ante este cuadro, organizaciones de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y referentes de la oposición han exigido públicamente la intervención de la Procuración General de la Nación y de la Justicia Federal para garantizar la investigación independiente de los hechos denunciados.
La provincia de La Rioja afronta un momento crítico: sin justicia activa, sin respuestas claras de la Fiscalía ni de los jueces, las sombras que descubrió este informe crían nuevas sombras, y la sensación generalizada es que los verdaderos responsables siguen fuera del alcance de la investigación penal.
Si la justicia no actúa de oficio frente a hechos de tal magnitud, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en el sistema que debería protegerla? La pregunta sigue abierta, y la respuesta, hasta ahora, parece no llegar.