Por Angel Flores
Mientras jueces y fiscales reclaman salarios dignos, desde adentro del Poder Judicial surgen denuncias gravísimas sobre pagos en negro, coacción y uso discrecional de fondos sensibles. El Tribunal Superior de Justicia, por ahora, calla.
La crisis salarial en la Justicia de La Rioja destapó algo mucho más profundo y perturbador que un reclamo de haberes: un conjunto de denuncias internas de extrema gravedad que describen un entramado de presuntas maniobras irregulares, pagos en negro, coacciones y manejo discrecional de fondos públicos dentro del propio Poder Judicial. Las acusaciones provienen de altas fuentes judiciales, que solicitaron estricta reserva de identidad por temor a represalias.
Según los testimonios recogidos por El Federal, numerosos jueces y fiscales evitarían expresar públicamente su malestar porque recibirían sobres mensuales de alrededor de 300 mil pesos, que funcionarían como un mecanismo de disciplinamiento.
“Mientras cobren, no les hacen jury, para que no hablen”, aseguró una fuente judicial, describiendo un sistema de coacción silenciosa que garantizaría obediencia y silencio interno
Las denuncias no se limitarían a la capital provincial. De acuerdo a la misma fuente, desde el Tribunal Superior de Justicia se enviarían sobres al interior, denominados internamente como “expedientes”, una práctica que sería conocida puertas adentro del sistema judicial y que se repetiría en distintas jurisdicciones del interior riojano.
Otra de las acusaciones más graves apunta al manejo de fondos públicos destinados a la atención de la víctima, recursos sensibles que —según se afirma— no habrían sido rendidos durante años. La fuente aseguró que desde 2009, en el ámbito del Tribunal de Cuentas, existirían maniobras vinculadas a estos fondos, presentadas oportunamente por Emilio Pagotto, con la participación de funcionarios que nunca habrían rendido cuentas, situación que se habría prolongado hasta la actualidad.
En ese contexto, las denuncias también señalan que determinadas designaciones clave dentro del sistema judicial no responderían a criterios de idoneidad profesional, sino a niveles de obediencia personal. “Nunca fue fiscal ni ejerció la profesión, pero es obediente”, sostuvo la fuente al referirse a uno de los funcionarios promovidos, describiendo un esquema donde la lealtad pesaría más que la capacidad técnica.
Mientras tanto, el discurso oficial sobre la implementación del sistema acusatorio contrasta fuertemente con la realidad interna que describen jueces y fiscales. Según las denuncias, existen fiscalías que desde 2018 no habrían sido siquiera visitadas por las autoridades superiores, evidenciando un desconocimiento total de cómo y dónde funcionan, especialmente en el interior de la provincia.
El reciente reclamo salarial presentado por magistrados y fiscales dejó al descubierto este clima de tensión. Los fiscales que firmaron la nota solicitando mejoras salariales serían, según las fuentes, los mismos que vienen reclamando cambios estructurales, mientras que otros se negaron a hacerlo en un escenario marcado por el miedo y las presiones internas. El pedido fue “cajoneado” por el dr. Javier Vallejos.
“Por eso Ana puso a Vallejos. No sabe nada, nunca fue fiscal, ni siquiera ejerció la profesión. Es obediente.”
El malestar se profundizó cuando trascendió que a ciertos jueces considerados “obedientes” les llegarían los sobres, reforzando el silencio.
Según el informe citado, a septiembre de 2025, el salario promedio nacional de un magistrado asciende a $6.654.473,61, mientras que en La Rioja un juez de Cámara con 20 años de antigüedad percibe una suma sensiblemente inferior, quedando —según los firmantes— completamente desfasado frente a la inflación y el costo de vida. Hoy un juez cobra un promedio de $2.600.000.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no emitió ninguna respuesta pública, ni sobre el reclamo salarial ni sobre las graves denuncias que comienzan a circular desde el corazón mismo del Poder Judicial. El silencio oficial, lejos de despejar dudas, potencia las sospechas.
En una provincia donde la Justicia debería ser garantía de legalidad y transparencia, las denuncias internas plantean una pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando quienes deben impartir justicia operan bajo miedo, coacción y silencio?.