Por Angel Flores
En La Rioja hay un número que el poder político evita mencionar, pero que explica gran parte del colapso económico, salarial e institucional de la provincia: más de 53.000 empleados públicos para una población que apenas supera los 380.000 habitantes. A esto se agrega una lamentable cifra estimada de 40.000 empleados precarizados, con distintas formas de trabajo como “contratados” en distintas municipalidades del interior, becas y programas sociales en negro.
EL FEDERAL realizó un relevamiento a varios funcionarios de distintos organismos estatales y municipalidades que enfatizaron que “es difícil dar una cifra precisa”, pero coincidieron que “existen y son muchos”.
La relación coloca a la provincia entre las más dependientes del empleo estatal en todo el país y, en varios períodos, con más empleados públicos que trabajadores privados registrados.
Pero el dato más grave no es el tamaño del Estado, sino lo que ocurre dentro de él. Porque mientras se multiplican cargos, contratos y designaciones, nadie audita cuántos de esos empleados cumplen funciones reales. No existen registros públicos consolidados de asistencia diaria, controles cruzados de tareas ni evaluaciones de productividad por área. No los publica el Poder Ejecutivo, no los exige la Legislatura y no los audita el Tribunal de Cuentas.
Esa ausencia de control no es inocente. En administraciones sobredimensionadas y sin fiscalización efectiva, “la experiencia en gestión pública indica que entre el 10 % y el 30 % del personal puede encontrarse sin funciones reales o directamente sin asistir a su lugar de trabajo“, dijo un alto funcionario con muchos años en distintas gestiones.
Aplicado a la estructura estatal riojana, el cálculo es demoledor: “una estimación prudente arroja al menos 8.000 empleados públicos que cobrarían sueldos sin trabajar, mientras que proyecciones más amplias elevan el número hasta 15.000 personas“, dijo a este periodista.
“Una estimación prudente arroja al menos 8.000 empleados públicos que cobrarían sueldos sin trabajar, mientras que proyecciones más amplias elevan el número hasta 15.000 personas“
Hablamos de miles de sueldos que se pagan mes a mes en una provincia donde los salarios estatales están entre los más bajos del país, donde no hay bono de fin de año para quienes sí cumplen horarios y tareas, y donde hospitales, escuelas y áreas críticas funcionan con personal insuficiente. El contraste es obsceno: falta personal donde se lo necesita y sobra donde nadie controla.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo encargado de velar por el uso correcto de los fondos públicos, nunca publicó una auditoría integral del empleo estatal. La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Gestión Pública no transparentan nóminas completas, funciones ni cargas horarias. El Tribunal Superior de Justicia administra su propia estructura sin rendir cuentas detalladas sobre su planta real. El Ministerio Público Fiscal, pese a las reiteradas denuncias periodísticas, no inició investigaciones de oficio. Y la Legislatura provincial, con acceso pleno a la información presupuestaria, elige mirar para otro lado.
Mientras tanto, el presupuesto provincial se consume mayoritariamente en gasto corriente. Cada peso que se va en un sueldo sin contraprestación es un peso que no llega a una guardia médica, a un aula, a una patrulla policial o a un aumento salarial genuino. El sistema no es ineficiente por accidente: es ineficiente por diseño.
Auditar el empleo público significaría desmontar el engranaje central del poder en La Rioja: el empleo estatal como herramienta de control político, contención social y moneda electoral. Por eso nadie audita. Por eso nadie publica los números. Y por eso la cifra crece en silencio.
En La Rioja, el problema ya no es cuántos empleados públicos hay.
El verdadero escándalo es que entre 8.000 y 15.000 podrían estar cobrando sin trabajar, y que ningún organismo del Estado se haga cargo de comprobarlo.