Un operativo de Gendarmería Nacional realizado en la madrugada del 19 de diciembre en la ciudad Capital de La Rioja culminó con allanamientos en dos barrios y el secuestro de numerosos dispositivos digitales, en el marco de una investigación federal por la descarga de material de abuso sexual infantil.

Unidades de Gendarmería Nacional llevaron adelante una serie de allanamientos en la Capital en el marco de una investigación por la descarga y tenencia de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos se concretaron durante la madrugada del 19 de diciembre y estuvieron a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “La Rioja”, junto al Escuadrón 58 “La Rioja”.

Las medidas judiciales se ejecutaron en domicilios ubicados en los barrios Altos del Velazco y Antártida III, como resultado de una investigación iniciada a partir del intercambio de información con organismos internacionales dedicados a la lucha contra la explotación sexual de menores.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la doctora María Virginia Miguel Carmona, con la secretaría de la doctora Virginia Asís, y cuenta con la intervención del Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del doctor Daniel Herrera Piedrabuena, con secretaría del doctor José Luis Combina.

Durante los allanamientos, el personal de Gendarmería secuestró una importante cantidad de dispositivos de almacenamiento digital, entre ellos computadoras de escritorio, notebooks, teléfonos celulares, discos compactos, discos rígidos externos y pendrives. Según se informó, en los dispositivos incautados se constató la existencia de material probatorio directamente vinculado al hecho investigado.

A partir de los resultados obtenidos, la autoridad judicial dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos tecnológicos y ordenó la realización de un examen exhaustivo mediante herramientas forenses especializadas, con el fin de profundizar el análisis del material.

Asimismo, se determinó que siete personas, todas mayores de edad y de nacionalidad argentina, residentes en los domicilios allanados, queden supeditadas a las actuaciones y a las ulteriores resoluciones que se adopten en el marco de la causa.