La Rioja no solo sigue en default: se hunde en una crisis financiera que ya proyecta sus efectos más duros sobre el 2026. La decisión de no pagar nuevos vencimientos de la deuda externa confirma que la cesación de pagos dejó de ser una coyuntura para transformarse en una amenaza directa al funcionamiento del Estado provincial y a la vida cotidiana de los riojanos.
En febrero del 2017, la provincia de La Rioja anunció que se convirtió en la primera de la Argentina en colocar en los mercados internacionales los denominados “green bonds”, por un total de 200 millones de dólares en títulos de la deuda pública.
EL FEDERAL consultó a prestigiosos economistas y logró resumir las consecuencias que trae esta deuda internacional a la población y principalmente a la administración del Estado. Esto se traduce en las últimas decisiones del ejecutivo. Sin aumentos de sueldo, sin bono y pidiendo austeridad a sus funcionarios.
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El incumplimiento del denominado Bono Verde y la falta de un acuerdo con los acreedores colocan a La Rioja en un lugar incómodo y peligroso: es la única provincia argentina en default, aislada del crédito, sin margen fiscal y cada vez más dependiente de decisiones políticas del gobierno nacional.
Lo que en un primer momento fue presentado como una medida transitoria hoy aparece como un default crónico, sin plazos ni señales claras de salida. Mientras el Gobierno provincial insiste en su “voluntad de pago”, los vencimientos se acumulan, los intereses crecen y la credibilidad se erosiona.
El costo ya no es abstracto: se paga con menos recursos, menos inversión y menos futuro.
La combinación de default, recorte de fondos nacionales y estancamiento económico dejó a la provincia al borde de la asfixia financiera.
El sector público —principal sostén del empleo en La Rioja— enfrenta salarios que corren detrás de la inflación, sin margen para recomposiciones reales. La negativa oficial a otorgar bonos o aumentos no es una decisión política: es una consecuencia directa de la falta de plata.
Los servicios públicos también empiezan a mostrar señales de desgaste. Hospitales con presupuestos ajustados, escuelas con menos recursos y obra pública prácticamente paralizada son el reflejo de una provincia que gasta casi todo en sostener lo básico, sin capacidad de invertir.
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2026: el año del ajuste profundo
Si el default se arrastra hacia 2026, el escenario es aún más preocupante.
Con un presupuesto fuertemente atado a fondos nacionales —más del 80 % de los ingresos— y sin acceso al crédito, La Rioja entraría en un año de ajuste inevitable. No por ideología, sino por necesidad.
Esto podría traducirse en:
- Salarios públicos congelados o con aumentos simbólicos, incapaces de compensar la inflación.
- Recortes silenciosos en servicios esenciales, con menos insumos, menos mantenimiento y menos capacidad de respuesta del Estado.
- Cero obra pública, afectando empleo, actividad económica y desarrollo local.
- Mayor uso de mecanismos financieros de emergencia, como cuasimonedas o pagos diferidos, señales claras de estrés fiscal extremo.
El default prolongado espanta cualquier intento de inversión seria. Sin crédito, sin previsibilidad y con riesgo legal, La Rioja se vuelve un territorio vedado para proyectos productivos de escala. Las pymes sobreviven como pueden y el empleo privado no logra despegar, reforzando la dependencia del Estado.
Cuanto más se estira el default, más cara será la salida. Intereses, penalidades y posibles litigios internacionales amenazan con agrandar una deuda que hoy ya es impagable en las condiciones actuales. Cada mes sin acuerdo hipoteca aún más el futuro.
El 2026 se perfila como un año bisagra. Sin una solución de fondo al default y sin una estrategia real para ordenar las cuentas públicas y generar actividad económica, La Rioja corre el riesgo de entrar en un ciclo de deterioro sostenido, con salarios licuados, servicios resentidos y una economía cada vez más frágil.
El default ya no es un problema de los mercados: es un problema de la gente. Y si no se revierte a tiempo, el 2026 puede convertirse en el año en que la crisis deje de ser financiera y pase a ser social.