El día después de Navidad, el Gobierno Nacional celebró la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscalen cumplimiento de la voluntad del presidente Javier Milei y cerró el año con un primer triunfo legislativo.
Sin fondos extras, sin auxilio nacional y sin margen político, La Rioja entra en 2026 en su etapa más crítica de los últimos años. El nuevo Presupuesto Nacional expone las debilidades estructurales de la provincia y deja al gobernador Ricardo Quintela solo frente al ajuste, el conflicto social y una caja cada vez más vacía.
La sanción del Presupuesto Nacional 2026, celebrada por el gobierno de Javier Milei como un triunfo político clave, tuvo un efecto inmediato y contundente en las provincias. Pero en La Rioja, el impacto es devastador. El nuevo esquema fiscal cierra definitivamente la puerta a los fondos discrecionales, elimina compensaciones históricas y deja al gobernador Ricardo Quintela sin red de contención financiera ni argumentos políticos para seguir culpando a Nación.
El mensaje de la Casa Rosada fue claro y sin eufemismos: no habrá salvatajes, no habrá cheques en blanco y no habrá excepciones. Cada provincia deberá sostenerse con sus recursos. Para La Rioja, una de las más dependientes del financiamiento nacional, esto significa un golpe directo al corazón de su modelo de gestión.
Durante años, el gobierno provincial construyó su discurso sobre el supuesto “ahogo financiero” de Nación. Con el Presupuesto 2026 aprobado por ley, ese relato queda expuesto. No hay partidas especiales, no hay fondos compensatorios y no hay promesas futuras. La realidad es una sola: La Rioja deberá funcionar con menos dinero y con reglas que ya no se negocian en despachos políticos, sino que están escritas en la ley.
Para Quintela, esto implica perder poder, perder margen de maniobra y perder capacidad de presión. El gobernador queda obligado a explicar cómo sostendrá salarios, servicios esenciales y paz social sin el respaldo que antes llegaba desde Buenos Aires.
El Presupuesto Provincial 2026 ya anticipa el escenario: salarios apenas atados a una inflación proyectada, sin mejoras reales; obra pública prácticamente paralizada; sin pases a planta; sin nuevas inversiones y con servicios básicos funcionando al límite.
El riesgo es evidente: conflictos docentes, reclamos del sector salud, tensión en seguridad y un creciente malestar social. Esta vez, el costo político no podrá trasladarse a Nación. La responsabilidad recaerá de lleno en la Casa de Gobierno riojana.
El nuevo Presupuesto no solo ajusta números: expone una forma de gobernar basada en la dependencia permanente de fondos nacionales. Con ese esquema agotado, Quintela enfrenta el desafío más difícil de su gestión: administrar escasez, dar respuestas concretas y evitar que la crisis se transforme en reclamos en la calle.
El 2026 será un año bisagra. Ya no se discute qué hará Nación por La Rioja. La pregunta que empieza a retumbar es otra, mucho más incómoda: ¿qué hará Ricardo Quintela con una provincia sin auxilio, sin margen fiscal y con una sociedad cansada de promesas?
El Presupuesto 2026 no deja lugar a interpretaciones. Se terminó la excusa. Empezó la cuenta regresiva.