En enero, las transferencias no automáticas que gira la Nación a las provincias sumaron $39.491 millones. A simple vista, el número podría parecer importante. Pero cuando se lo mide contra la inflación, el dato real es demoledor: significa una caída del 65,4% respecto de enero del año pasado.
Dicho sin vueltas: el Gobierno nacional giró casi dos tercios menos de fondos discrecionales que hace un año. Y eso no es un “mal mes”, ni un error administrativo. Es la confirmación de una política sostenida: secar la plaza de recursos y dejar a las provincias libradas, casi por completo, a su propia caja.
La gravedad del recorte se entiende mejor mirando la serie histórica: enero de 2026 fue el segundo peor comienzo de año desde 2005 en materia de transferencias discrecionales. Solo fue superado por enero de 2024, cuando el Gobierno recién arrancaba con su plan de shock.
La conclusión es clara: el ajuste no fue una medida excepcional ni transitoria. Fue una decisión estructural que se mantiene vigente, incluso dos años después.
El informe fiscal de enero revela además otro dato explosivo: los pocos fondos que se enviaron tuvieron un destino casi único.
Del total girado:
- El 81% fue a cajas jubilatorias provinciales: $32.000 millones
- El 17,7% fue por ATN para emergencias: $7.000 millones
En otras palabras: casi el 99% del dinero se concentró en jubilaciones y catástrofes.
¿Y el resto? Educación, salud, desarrollo social, infraestructura, programas productivos y asistencia cotidiana a las provincias recibieron montos “muy bajos” o directamente simbólicos.
La Nación ya no financia el funcionamiento corriente de las provincias por esta vía: solo evita el colapso previsional o atiende tragedias inevitables.
Como si el ajuste no fuera suficiente, la distribución fue abiertamente desigual. Solo cinco provincias concentraron casi el 99% de los fondos discrecionales enviados en enero.
- Entre Ríos: $12.000 millones
- Córdoba: $10.010 millones
- La Pampa: $10.004 millones
- Chubut: $4.000 millones (incendios)
- Corrientes: $3.000 millones (inundaciones)
El resto del país recibió migajas. Y lo más grave: cinco provincias no recibieron absolutamente nada en todo el mes.
La Rioja: en la línea de fuego del nuevo orden fiscal
En este escenario, provincias como La Rioja quedan atrapadas en una ecuación asfixiante. Con una economía local golpeada, una dependencia histórica de los fondos nacionales y márgenes de maniobra cada vez más estrechos, el recorte se traduce en una presión inmediata sobre el presupuesto provincial.
Menos fondos discrecionales significa una sola cosa: más ajuste interno, más deuda o más paralización de políticas públicas.
Y lo que se está consolidando no es una crisis pasajera, sino un cambio profundo en la relación fiscal entre Nación y provincias.
Otro dato que alimenta el malestar en las provincias es el manejo de los ATN, que deberían funcionar como un “salvavidas” financiero.
En enero, el fondo de ATN acumuló más de $92.000 millones, pero el Gobierno decidió repartir apenas el 7,6%. Es decir: la plata existe, pero la Casa Rosada elige no liberarla.
La decisión política es evidente: sentarse sobre la caja y soltar recursos solo en casos extremos
El arranque de 2026 dejó un mensaje contundente: la Nación envía menos ayuda y lo hace con un criterio selectivo. Solo cubre jubilaciones provinciales y emergencias puntuales. Todo lo demás quedó congelado.
Para los gobernadores, esto implica un escenario inédito: presupuestos al límite, margen cero para imprevistos y la obligación de aplicar recortes propios o buscar financiamiento en un mercado complejo.
La era de los fondos discrecionales como herramienta de auxilio permanente parece haber terminado. Y para provincias como La Rioja, la pregunta ya no es si el ajuste se siente: la pregunta es cuánto más se puede sostener sin que empiece a romperse todo.
La motosierra volvió a caer sobre las provincias y La Rioja quedó, una vez más, en el lado más vulnerable del mapa fiscal.