Una vez más, la gestión del intendente Armando Molina quedó en el centro de la polémica por el manejo discrecional de los bienes públicos. Esta vez, el foco está puesto en el sorteo de un terreno municipal anunciado como “premio mayor” durante los festejos por el Día del Empleado Municipal, realizado el pasado 7 de noviembre de 2025.

La situación generó tal nivel de dudas y malestar que el concejal Carlos Roncoroni presentó un Pedido de Informe formal dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), solicitando que se aclare con urgencia qué terreno se sorteó, bajo qué condiciones, con qué documentación, y quién fiscalizó el procedimiento.

Concejal Carlos Roncoroni

El pedido, lejos de ser un trámite administrativo más, expone una problemática de fondo: la Municipalidad de Capital parece haber naturalizado una forma de gobernar basada en anuncios rimbombantes, decisiones improvisadas y actos que rozan la ilegalidad cuando se trata de bienes que pertenecen a todos los vecinos.

Porque un terreno municipal no es un premio de rifas ni un regalo personal del intendente. Es patrimonio público.

Según detalla el proyecto de resolución, el DEM habría dispuesto de un terreno municipal sin que exista constancia de que el Concejo Deliberante haya prestado la conformidad que corresponde para la disposición o enajenación de bienes del Estado municipal

En otras palabras: se habría avanzado en una acción que, como mínimo, requiere control institucional, transparencia y procedimiento legal. Nada de eso parece haber ocurrido.

Pero la preocupación no termina ahí.

El concejal también denuncia que el supuesto sorteo no garantizó igualdad de participación para todos los trabajadores municipales. Según lo planteado, muchas áreas no fueron notificadas formalmente, especialmente aquellas descentralizadas o que trabajan fuera del Palacio Municipal, lo cual habría dejado a numerosos empleados sin posibilidad real de participar

El texto incluso menciona que empleados que prestan funciones en sectores como el Anexo del Concejo Deliberante no habrían sido informados, lo que alimenta sospechas sobre un procedimiento armado para pocos y no para todos.

En ese contexto, Roncoroni advierte algo que resuena con fuerza: cuando se sortea un terreno, lo que está en juego no es un electrodoméstico ni un premio menor. Se trata de un bien de enorme impacto social y económico para cualquier familia, y por lo tanto las condiciones de convocatoria, adjudicación y fiscalización no pueden quedar libradas a la informalidad o al oportunismo político.

El proyecto aprobado solicita que el Ejecutivo municipal informe con precisión datos clave: ubicación, dimensiones, identificación catastral, plano de mensura, situación dominial, características urbanísticas y estado actual del terreno sorteado.

Además, exige que se remita documentación sobre cómo se convocó al sorteo, cuáles fueron los requisitos, cuál fue la metodología, quién fiscalizó el proceso, y si existen actas respaldatorias que acrediten que el procedimiento fue real, legal y transparente.

Lo más contundente del pedido es el plazo: el DEM tiene cinco días hábiles para responder.

Sin embargo, la gran pregunta que hoy circula en los pasillos municipales y en redes sociales es otra: ¿por qué una gestión que dice “poner en valor al empleado municipal” termina envuelta en sospechas de favoritismo, discrecionalidad y falta de control?.

Porque si el sorteo fue transparente, si el terreno existe, si todo se hizo como corresponde, entonces no debería haber ninguna dificultad en mostrar los papeles.

El problema es que la administración Molina ya viene acumulando decisiones cuestionadas, donde la improvisación reemplaza a la planificación y el relato reemplaza a la transparencia. Y este episodio, lejos de ser un hecho aislado, vuelve a reflejar un patrón preocupante: la utilización política del Estado municipal como si fuera propiedad privada.

Hoy el Concejo Deliberante no pide un favor: exige información básica que debería haber estado disponible desde el primer minuto.

Y los vecinos también.

Porque los terrenos municipales no son del intendente. Son de todos.