La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado quedó en el centro de una fuerte controversia por un cambio introducido a último momento en el régimen de licencias por enfermedad. El punto más sensible del debate es el impacto directo sobre trabajadores que atraviesan enfermedades graves, como el cáncer, que podrían ver reducido de manera drástica su ingreso durante el período en que no pueden prestar tareas.
Un legislador de la oposición lo expresó con crudeza al describir el alcance del artículo aprobado: “A un paciente con cáncer le van a pagar el 50 por ciento de la remuneración básica, no le van a pagar adicionales ni comisiones. En ese caso, el trabajador va a reclamar y seguramente irá a juicio”. La advertencia sintetiza la preocupación de distintos bloques que sostienen que la norma, lejos de ordenar el sistema, podría disparar una nueva ola de litigios laborales.
El artículo en cuestión modifica el régimen vigente y establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo, el empleado cobrará el 50% de su salario. Ese porcentaje se eleva al 75% cuando la imposibilidad de trabajar no haya sido consecuencia de una acción voluntaria y consciente respecto del riesgo asumido. En ningún caso se contempla el pago del 100% del sueldo, como ocurre actualmente durante la licencia por enfermedad inculpable. Además, la redacción limita los plazos y establece que una recaída no será considerada una enfermedad distinta, lo que podría afectar tratamientos prolongados.
La polémica no solo se instaló por el contenido del artículo sino también por la forma en que fue defendido públicamente. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el centro del debate tras explicar el espíritu del cambio con ejemplos que generaron rechazo en sectores políticos y sindicales. Al intentar justificar la reducción del salario durante la licencia, mencionó situaciones en las que el trabajador habría asumido un riesgo voluntario, lo que fue interpretado como una simplificación excesiva frente a cuadros médicos complejos y delicados.
Dentro del propio Gobierno admiten que la explicación pública del tema complicó el escenario político y tensó las negociaciones con aliados en la Cámara de Diputados. Mientras desde la Casa Rosada insisten en que el cambio no figuraba en el proyecto original y que fue incorporado en la etapa final de debate en el Senado, legisladores dialoguistas aseguran que la iniciativa fue defendida por negociadores oficiales durante las conversaciones previas a la votación.
El oficialismo sostiene que la modificación busca evitar abusos en el uso de licencias prolongadas y reducir el impacto económico que enfrentan las empresas cuando deben pagar salarios sin prestación efectiva de tareas y, al mismo tiempo, cubrir reemplazos. Sin embargo, la oposición advierte que la nueva redacción puede afectar a trabajadores con patologías graves, tratamientos oncológicos o enfermedades crónicas, que verían disminuidos sus ingresos en momentos de alta vulnerabilidad.
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde bloques aliados ya anticiparon que revisarán este punto. Algunos legisladores plantean la necesidad de introducir cambios o aclaraciones para evitar situaciones injustas, mientras otros anticipan que, si la redacción se mantiene, la judicialización será inevitable. En ese contexto, el debate por las licencias médicas se perfila como uno de los ejes centrales de la discusión parlamentaria y como un nuevo foco de tensión política para el Gobierno.